La alcaldesa: Sant Pol prefiere "que no ondee la bandera española"
Sant Pol de Mar, un pueblo de algo más de 5.000 personas enclavado en la costa catalana, tiene un problema. Uno tan simbólico como real: la bandera española. Ahora mismo "está colgada en el Consistorio porque nos obligan, porque nos la imponen, no porque creamos que deba estar aquí", advierte su alcaldesa, Monserrat Garrido (CiU). Ella, que se define como "libre", aclara que en su despacho "no está colgada. Es un sitio privado y están las que había: la catalana y la municipal". La Ley de Banderas sólo obliga al Ayuntamiento a poner la rojigualda en los espacios públicos, como la fachada, el balcón o la sala de plenos.
"No hay que imponer símbolos, ni españoles ni catalanes. No es bueno. Yo soy catalana de cuna, pero mis padres nacieron en Andalucía y me enseñaron a amar ambas patrias. Ideológicamente no me gustan las imposiciones: hay que dar libertad", apunta Garrido.
A finales de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estimó un recurso contencioso-administrativo interpuesto en la pasada legislatura por el exconcejal Enrique Abad Fernández y condenó al Ayuntamiento a colocar la bandera en el balcón. Sant Pol arrastraba la polémica desde 2009, cuando el Pleno municipal no aceptó que la enseña española colgara con la catalana y la local.
La sentencia se emitió a mediados de enero y la bandera española volvió a ser colgada en el balcón y en el plenario, "mucho tiempo después" del último precedente.
"La bandera no se retiró, como han dicho muchos medios. Nunca hubo, la gente no recuerda cuando fue la última vez. Yo, por ejemplo, llevo siendo edil desde el 80 y pico y ya entonces no estaba", analiza. "Este hecho, precisamente, hace que la población ya aceptara la ausencia: la bandera no estaba y nadie había dicho nada", interpreta la primera edil.
Banderas de ida y vuelta
Desde entonces, comenzó la guerra de las banderas: la enseña se retiró en un acto de la Asamblea Nacional Catalana (ANC); la delegada del Gobierno, Llanos de Luna (PP), realizó un requerimiento reclamando su restitución y el Consistorio tuvo que acceder a izarla.
Garrido, sin embargo, matiza ese "supuesto" ultraje. "Nunca se ha descolgado la bandera, ni antes ni ahora. Hubo una manifestación pacífica de más de 300 personas: el Ayuntamiento desconocía el acto y sólo había dos de nuestros cinco policías. Pusieron una escalera y subieron una bandera española, la apoyaron sin llegar a enarbolarla y la volvieron a retirar, para colgar la estelada. La policía no intervino hasta que se fueron para no armar jaleo, que fue cuando quitaron" la bandera independentista", narra la alcaldesa. Pero "ultraje a la bandera no hubo", sentencia.
Desde entonces, la población de Sant Pol se ha visto enfrentada por el símbolo del Estado. Como muestra un botón: un encapuchado intentó prender fuego a la bandera arrojándole pelotas de tenis encendidas con gasolina. No lo consiguió y la presencia policial acabó por espantarle.
No obstante, los catalanistas radicales sí se salieron con la suya este lunes. De madrugada y con un palo largo cubierto de trapos incendiados, consiguieron convertir la rojigualda en cenizas. La delegada instó acto seguido a la "pronta reposición" del símbolo, y el Consistorio accedió a primera hora de este martes.
Por otro lado, la política convergente ha recibido un alud de correos electrónicos "de gente anticatalana con insultos y amenazas de muerte".
"No se habla en la calle"
Pese a ello, la crispación no ha hecho mella en estos ciudadanos. "Han creado un problema donde no lo había. La gente prefiere que no ondee la bandera española, porque no ha estado nunca, y eso solivianta a muchos, pero a la mayoría le da lo mismo. No se habla del tema en la calle", declara Garrido.
Asimismo, la alcaldesa defiende a su pueblo: "Pondría la mano en el fuego al decir que quien quemó la bandera no es de Sant Pol", afirmó Garrido, para luego desear que no hubiera más intentos, "aunque podrían darse". "Esperemos que no, porque las arcas no están para gastos absurdos", subraya.
El precedente del idioma
Este municipio ya tuvo que acatar el año 2009 otra sentencia relacionada con temas identitarios. El TSJC prohibió que toda la documentación estuviera escrita en catalán, tal y como definía el Reglamento Orgánico Municipal (ROM).
La Corporación modificó el ROM para cumplir con la ley, pero la alcaldesa asegura que nada a cambiado en la relación con los ciudadanos y que la documentación sigue siendo, preferentemente, en catalán.