El Gobierno catalán aprobó ayer un decreto ley para impedir el corte del suministro de luz y gas durante los meses de invierno (de noviembre hasta marzo) a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.Una vez las personas afectadas reciban un aviso de interrupción del suministro por parte de la compañía tendrán que presentar en un plazo de diez días un informe de los servicios sociales básicos. Deberán acreditar que los ingresos no superan los 569,12 euros mensuales (Indicador de la Renta de Suficiencia) o 7.967,73 euros anuales para familias de dos miembros. A esta cantidad deberá añadirse un 30 por ciento a partir del tercer miembro. Otro de los requisitos que deberán cumplir es demostrar que se han aplicado todos las medidas para reducir el consumos de bienes y servicios así como acreditar que tienen contratada la tarifa social en la empresa de suministro. Con este informe, las empresas suministradoras no podrán interrumpir el suministro hasta el mes de abril. La deuda que se pueda acumular "se aplazará con las condiciones que acuerden los usuarios y las empresas suministradoras y se podrá pagar entre los meses de abril y octubre siguientes", según explica la Generalitat. El Gobierno catalán resaltó ayer que esta iniciativa, que se plasmará en una modificación del Código de Consumo, es la primera medida normativa para hacer frente a la pobreza energética.