Carlos Vázquez, actual secretario del Partido Comunista de Andalucía en Sevilla, asesor del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (IU), y exdelegado de Economía del ayuntamiento de Sevilla entre 2007 y 2011, ha sido llamado a declarar el próximo día 24 como imputado por el juez que investiga la gestión de la Fundación DeSevilla tras la denuncia presentada por el actual equipo de Gobierno municipal, del PP, en 2011.Vázquez era vicepresidente de la fundación, que dependía orgánicamente del exvicealcalde de Sevilla, también de IU y hoy portavoz municipal, Antonio Rodrigo Torrijos. La denuncia aprecia en la gestión de esta fundación presuntos delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude en subvenciones, delitos contra la hacienda pública e infidelidad en la custodia de documentos. Un informe de la Guardia Civil encargado por el juez de instrucción de Sevilla detectó que 935.890 euros procedentes de diferentes subvenciones del ayuntamiento se destinaron a otros fines, no se justificaron ni se reintegraron en las arcas municipales. Esas ayudas estaban destinadas a proyectos de cooperación en Cuba, Nicaragua, Colombia y Palestina, pero su uso para esos fines no está acreditado. A raíz de este informe ya fue imputado, y declaró en abril, el director general de la fundación, Miguel López Adán, otro alto cargo de IU en Sevilla. Denuncia y auditoria Además, otro informe de la Intervención General del ayuntamiento hispalense, que acompaña a la denuncia, advierte de que la gestión de los programas subvencionados "ha dado lugar a gastos que no pueden ser objeto de las subvenciones", lo que se traduce en una "desviación sustancial de los fines de las subvenciones concedidas". En la denuncia se incluye como responsables a todos los miembros del patronato de la fundación, en proceso de liquidación, incluido el exalcalde socialista de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el citado Torrijos, además de otros exaltos cargos municipales. A todo ello se añade que Deloitte, auditor de la fundación actualmente, ya avisó en su análisis de las cuentas de 2010 de irregularidades en la justificación de gastos. Este ente cerró ese año con pérdidas de 1,5 millones y un fondo de maniobra negativo de 1,1 millones. Correos electrónicos de López Adán, que forman parte de la instrucción, revelan que la gestión de parte de ese millón de euros cuyo empleo no está justificado se envió a Cuba para la rehabilitación de viviendas. En concreto, 120.000 euros. El intercambio de correos entre López Adán y su contacto en Cuba se produjo con copia a la dirección de email de 'Finanzas' del Partido Comunista de Andalucía. La Guardia Civil rastrea, con aprobación del juez, las cuentas de la fundación y de los dos imputados.