La reunión del Consejo Económico del segundo trimestre elaborada por PwC y publicada hoy arroja datos reveladores sobre la necesidad de democratización de las instituciones y sobre las previsiones de crecimiento de la economía española según la opinión de los más de 400 expertos y empresarios consultados en el informe. Objetivo: Combatir la corrupción.El número de panelistas que creen en un cambio en la ley electoral, suscrito fuera del periodo de cambio de Gobierno, asciende al 86,6%. Un porcentaje también elevado, el 76,6 de los integrantes del consejo, consideran que la decisión de poderes en España es insuficiente. Para avanzar hacia la regulación y una mejora de eficiencia de los organismos que defienden los poderes del Estado los expertos proponen una serie de medidas en ámbitos como la ley de partidos, la reforma del papel del Senado y el Tribunal de Cuentas o la reducción de las trabas administrativas para los ciudadanos. Los expertos señalan a la falta de independicia de los poderes Ejecutivo y Legislativo como los culpables de la necesidad de un nueva ley electoral. Un gran mayoría de los miembros del consejo apoyaría la listas electorales abiertas (82,2%) y un 77,7% una toma de decisiones más participativa con los militantes. El Senado El Senado se erige como uno de los grandes perjudicados de la publicación; ante la pregunta de si la cámara alta, tal y como esta concebida hasta ahora, sólo sirve para complicar el proceso legislativo y aumentar el gasto; un 90% se muestran muy de acuerdo o bastante de acuerdo sobre su constitución como una verdadera cámara territorial o su desaparición. Precisamente la gestión de los recursos humanos de las Administraciones Públicas es una de las grandes preocupaciones de los panelistas, que coinciden en la definición de "muy deficientes" (un 88,9%) dada su baja productividad y costes excesivos. A su vez es relevante la opinión de los expertos y directivos respecto a las empresas, sociedades, consorcios y fundaciones públicas, ya que muestra su animadversión total hacia ellas; un 84,4% considera que sólo sirven para burlar los controles y que no tienen cabida en el panorama institucional actual. Tribunal de Cuentas Otra de las instituciones a las que se les exige un mejor funcionamiento es el Tribunal de Cuentas, puede jugar un papel crucial si se le dota de agilidad, más recursos profesionales y tecnológicos y mayor capacidad jurisdiccional. Por ello 9 de cada 10 de los miembros del consejo proponen su renovación. Otro de los aspectos que se echan en falta es el consenso en el ámbito presupuestario. La celebración de un amplio debate nacional durante la liquidación de la planificación de las dotaciones del Estado cuenta con un apoyo entre los panelistas del 94,3 por ciento. La mejora de la participación de los actores económicos en la toma de decisiones, no sólo se exige en el área de los presupuestos, sino que también se pide un mayor control en el gasto provincial a través de la simplificación de trabas administrativas en los ayuntamientos. Para ello el Consejo Económico aprueba en su gran mayoría (85,5 por ciento) la creación de una Comisión Nacional para valorar las concesiones de licencia e inspecciones. También la Agencia Fiscal Independiente, recientemente creada, debería supervisar la solvencia y sostenibilidad de los ayuntamientos, según el 88,8 por ciento de los consultados en el estudio del PwC. Otras corrientes de opinión mayoritarias de los expertos consideran que el número de ayuntamientos actual es excesivo, siendo necesaria la unificación de los más pequeños por su escasez de recursos y la cesión de competencias en urbanismo a la Administración Central para evitar la corrupción. En cualquier caso la necesidad de los organismos de supervisión es inseparable de un mecanismo de designación estricto, según revelan las opiniones de los integrantes del panel económico, de los que casi 9 de cada diez opinan que las organizaciones reguladoras existentes no actúan con suficiente independencia y deberían de pasar por un control parlamentario de idoneidad e independencia. Economía española Según el Consejo Económico, la economía española cerrará el año con una contracción de un 1,28 por ciento, previsiones algo más optimistas que las anunciadas por el ministro de Economía, Luis de Guindos, la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional. Para el 2014, los encuestados calculan la caída en un -0,08%, desoyendo las previsiones del Gobierno de Mariano Rajoy que apuntan a una salida de la recesión para el año que viene con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 0,5%. Las expectativas de los miembros del panel económico, aunque no pueden calificarse de optimistas respecto a la situación de la actividad actual, sí mejoran diez puntos respecto al año anterior. Un 52,5% de los preguntados considera que la contracción económica desacelerará en los próximos meses, aunque la mayoría coinciden en que dentro de seis meses la situación de las familias seguirá siendo igual de negativa. El único punto para el optimismo lo acaparan las exportaciones, que aumentan casi nueve puntos porcentuales (del 70,7 por ciento al 79,3 por ciento) en la valoración de los panelistas sobre su crecimiento, también respaldado por las expectativas de mejora de los mercados exteriores en el próximo semestre. Quizás el principal motor de empuje para muchas empresas que, según las valoraciones del informe, seguirán con una mala situación financiera a corto plazo.