Joan Benach, experto en salud pública, ha alertado del riesgo flagrante de fractura de la sanidad pública tras las decisiones que agravan determinadas tendencias perceptibles desde hace tiempo.En concreto, el Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad de sus prestaciones termina con la universalidad de sanidad, excluyendo de ella a los inmigrantes sin papeles y a los discapacitados con una discapacidad menor del 65 por ciento. Además, se establecen una serie de copagos y se arbitran unas tasas para que, mediante los convenios, los excluidos puedan acceder a la asistencia pública mediante una especie de aseguramiento. Por esta vía de dificultar y restringir el acceso a la sanidad, al tiempo que se le regatea la financiación -lo que deteriorará las prestaciones y alargará las esperas- y se colapsan las urgencias -que siguen siendo de libre acceso-, el modelo se fracturará. En efecto, tan sólo las clases medias bajas -los trabajadores- seguirán acudiendo a la sanidad pública, en tanto la clase media alta, harta de inconvenientes, optará por las aseguradoras privadas, y el estrato inferior sin derecho a la sanidad pública quedará en manos de la beneficencia. Desde la Ley General de Sanidad de 1986, que estableció el derecho universal a la protección de la salud y creó el Sistema Nacional de Salud de alta calidad del que hemos disfrutado hasta ahora, el sector privado se ha ido abriendo paso, adquiriendo un protagonismo subsidiario, bien gestionando concesiones, bien prestando servicios complementarios. La convivencia ha sido fecunda en tanto se han mantenido los criterios fundacionales del modelo, pero ahora el equilibrio está a punto de romperse porque "para que la sanidad privada pueda lucrarse, hay que desprestigiar, debilitar o parasitar a la pública" (Benach). Deberíamos reflexionar sobre el modelo que de verdad queremos antes de seguir dando pasos vacilantes en la mala dirección.