Euskadi renuncia seguir litigando con Madrid por los 435 millones del 'Caso Rover'
El litigio por la competencia sobre la recaudación del IVA importaciones del denominado 'Caso Rover' ha finalizado tras decisión de la Diputación Foral de Álava, que lidera el grupo institucional vasco, de retirar el recurso de amparo que interpuso ante el Tribunal Constitucional. Así las instituciones vascas devolverán a la Agencia Tributaria los 435 millones en litigio, pero en tres plazos.
El primero de los pagos, por valor de 145 millones, se realizó en diciembre de 2011, después de que Álava llegase a un acuerdo con el Gobierno central para fraccionar el abono en tres ejercicios, acuerdo que fue ratificado por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP) de octubre pasado. Este fraccionamiento de pagos fue solicitado por la parte vasca para evitar que la devolución de esos ingresos tributarios penalizasen mucho más sus arcas en un escenario de caída generalizada de ingresos.
En base al sistema de reparto de ingresos y fondos que establece la Ley de Aportaciones, al Gobierno vasco le tocará asumir 305 millones en la devolución total, a la Diputación Foral de Vizcaya 65 millones, a la de Guipúzcoa 43 millones y a la de Álava 22 millones.
El 'Caso Rover' se remonta a los años 1990-2005, en que la multinacional automovilística importaba coches a través del Puerto de Pasajes (Guipúzcoa), pero después los distribuía en la península a partir del 'puerto seco' alavés de Araia. El IVA de dichas importaciones lo ingresó la Agencia Tributaria, pero la Diputación alavesa consideraba que ella era la competente en dicha recaudación y acudió a la Junta Arbitral, órgano dedicado a dirimir los conflictos competenciales en el País Vasco entre diferentes administraciones.
En 2009 la Junta Arbitral dio la razón a la Diputación Foral de Álava, por lo que las administraciones vascas reclamaron a Madrid el pago de los 435 millones. El Gobierno central efectuó los pagos en 2009 y 2010. Sin embargo, después el Tribunal Supremo falló a favor de la Agencia Tributaria y está reclamó a las instituciones vascas la reversión de los fondos.
Tras meses de negociaciones, en otoño pasado la Diputación Foral de Álava, que es la que lideraba las conversaciones por la parte vasca, llegó a un acuerdo con el Gobierno central para prolongar los plazos de pagos a tres años. Tras cerrar ese acuerdo, ahora se ha sabido que en octubre la Diputación retiró el recurso de amparo que había interpuesto ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el litigio queda cerrado definitivamente.