Proyecto de Ley de gestión de Créditos Morosos: una regulación necesaria con aspectos mejorables

El sector de la gestión de créditos en España no es un terreno por explorar, sino una carretera bien asfaltada tras años de recorrido. Los servicers manejaron 460.000 millones de euros en 2023, demostrando que no somos improvisados en este viaje, sino conductores experimentados de una industria clave para la estabilidad financiera. En este contexto, el Proyecto de Ley de Administradores y Compradores de Crédito, derivado de la Directiva (UE) 2021/2167, representa un paso lógico hacia la armonización regulatoria en Europa, la profesionalización del sector y la protección del prestatario. Sin embargo, la transposición en España refleja un bajo entendimiento del mercado por parte de actores públicos y privados, lo que ha resultado en algunas medidas ineficientes que podrían haberse diseñado mejor para lograr los objetivos previstos.

Ahora que el Anteproyecto de Ley elaborado por el Gobierno ha llegado al Congreso, se debe trabajar activamente para intentar modificar aquellos aspectos clave que pueden mejorarse, asegurando que la norma sea operativa y aporte un verdadero beneficio al sector y a la economía. A diferencia de otros países donde la regulación viene a ordenar un mercado fragmentado, en España el sector de los NPLs ha operado con altos estándares debido a la autoexigencia de los propios bancos y servicers a la hora de vender y gestionar carteras. Los compradores han garantizado el respeto a las buenas prácticas con los antiguos clientes de las entidades financieras contribuyendo a la estabilidad del sistema.

Asimismo, aunque la regulación es bienvenida, se ha perdido la oportunidad de abarcar todo el sector de los NPLs y no solo aquellos que han salido del balance de las entidades financieras, lo que habría permitido una mayor coherencia en el marco normativo. Algunos aspectos del Proyecto de Ley muestran un desconocimiento del funcionamiento práctico del sector. Así, impone exigencias que recuerdan a un coche de última generación obligado a circular con un mapa en papel y sin GPS. Exigir comunicaciones en formato físico para cada pago realizado es un anacronismo en la era digital. En lugar de fomentar herramientas eficientes, se obliga a los gestores a usar tinta y papel cuando la solución ya está en la pantalla. Del mismo modo, el envío de una carta con el saldo y otras vicisitudes cada vez que lo solicite un deudor resulta burocrática e ineficiente, cuando lo lógico sería un acceso digital permanente a esta información.

Otro punto que merece revisión es la regulación sobre los deudores vulnerables, entendidos como aquellos que reciben el ingreso mínimo vital. El Proyecto establece que las entidades financieras deben ofrecer un plan de pagos si desean vender la deuda, lo que limita su capacidad de gestión de riesgos y podría generar incentivos perversos en el mercado. Como bien señaló el Consejo Económico y Social en su dictamen, se necesita un equilibrio entre facilitar la resolución de créditos dudosos y proteger a los consumidores en situación de vulnerabilidad. A este respecto, uno de los pilares fundamentales de una economía saludable es el cumplimiento de las obligaciones de pago. El crédito es el motor que impulsa la economía, pero necesita combustible: la cultura del pago. Si convertimos la protección del deudor en un salvoconducto para no cumplir con sus obligaciones, lo que hoy parece un salvavidas puede convertirse en un ancla que hunda la confianza en el sistema. Equilibrar la protección con la responsabilidad es la clave para que esta maquinaria siga funcionando sin averías. En este sentido, el sector de la gestión de créditos juega un papel esencial en evitar una cultura del impago, promoviendo acuerdos viables y soluciones responsables para los deudores. Es clave que el Proyecto de Ley contemple herramientas que equilibren la protección de los vulnerables con la necesidad de mantener una cultura de pago responsable.

Un error conceptual es tratar al deudor como si fuera un cliente financiero, cuando en realidad la relación con el administrador de créditos no es voluntaria ni comercial, sino una consecuencia de un impago. La imposición de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero como mediadora en reclamaciones es una decisión errónea, ya que ignora la naturaleza del sector. Si la regulación no distingue correctamente estos dos conceptos, puede generar expectativas erróneas en los deudores y dificultar la labor del sector. Por eso, es clave que en el trámite parlamentario se ajuste este enfoque para que la ley refleje la verdadera naturaleza del mercado.

El sector abraza la regulación y cree en su importancia para dotarle de mayor seguridad jurídica. La clave ahora está en el debate en el Congreso para lograr ajustes en los puntos críticos de la norma. El crédito es un ciclo que comienza con la concesión y debe completarse con la recuperación. Si interrumpimos este proceso con trabas innecesarias, corremos el riesgo de frenar el acceso a financiación y desestabilizar el sistema.