¡SOS del agua! El panorama se vuelve oscuro

La situación general marcada por la extraordinaria subida de los precios y la fuerte demora en los suministros supone pérdidas considerables para las empresas del sector de infraestructuras de agua, que se traducen en fuertes tensiones de tesorería y endeudamiento. El encarecimiento de las labores de construcción está provocando pérdidas por encima del 30 %, y ello pese a la instauración de una pobre revisión de precios que no tiene en cuenta ciertos materiales básicos ni la energía y limita el resultado.

En cuanto a las labores de explotación, el panorama se torna más oscuro. No hay revisión de precios y la energía -parte más importante de la estructura de costes de una EDAR, con un peso superior al 40%- ha experimentado desde 2021 un incremento de precio que ha superado con amplitud el 100% - según OMIE los precios medios aritméticos y máximos entre enero y septiembre 2021 y entre enero y septiembre 2022 han sido respectivamente 78,52 € y 185,84 € y 221 € y 700 €- provocando que muchas explotaciones trabajen con pérdidas.

La obligación natural de las empresas es ganar dinero, por tanto, no tiene sentido que trabajen a pérdidas porque se comen el capital social y entran en disolución, con la consiguiente merma de puestos de trabajo y de tejido empresarial.

Cabe recordar que la construcción y explotación de infraestructuras son servicios esenciales para la sociedad. La operación y mantenimiento responden a la necesidad de conservar el patrimonio hidráulico, que sin ellas está abocado a su deterioro y ruina.

El operador del ciclo urbano del agua acomete su labor totalmente desprotegido, tanto que en muchos casos trabaja con pérdidas. Entre los posibles remedios a esta situación están la revisión de precios sin limitaciones y también, sin perjuicio de otras, la posibilidad de que el órgano de contratación pague directamente la energía, en cuyo caso este término estaría bien excluido de las fórmulas de revisión de precios. Este panorama es real y el operador puede verse abocado a abandonar un servicio que es esencial para la salud y el bienestar de las personas. Podemos pensar que este servicio no se puede dejar de prestar, y es verdad, pero si el operador quiebra –en vista de los ocurrido en otros sectores dependientes de la energía-, no cabe otra solución y el ente con competencias en la materia tendría que buscar rápidamente un sustituto para que el servicio no sufriera mermas y no se produjeran daños difíciles de reparar, eso sí, pagando un precio mayor y con la consiguiente alarma de la ciudadanía en el caso de que el suministro cesara o fuera de peor calidad. Más vale no llegar a alcanzar esta situación.

Es el momento de que los poderes del Estado tomen conciencia de la realidad que vivimos y del daño derivado y trabajen para encontrar una solución; cuestión por otra parte de justicia, ya que se está produciendo un enriquecimiento injusto de las administraciones públicas a costa de las empresas adjudicatarias de las actuaciones, que ven, si no hay cambios, como se deteriora el tejido empresarial vinculado a actividades electro intensivas. Si esto llegara a ocurrir, el agua cobraría actualidad y con un poco de suerte adquiriría interés de forma continuada, y no solo cuando falta o sobra, ya que su importancia para la vida se mantiene constante en el tiempo.

Un factor que también incide negativamente en el desarrollo normal de las labores de construcción y explotación es el desacierto a la hora de adjudicar las actuaciones. Cuando se adjudican mal, pierde la sociedad.

Cuando el empresario licita hace una baja sobre el precio ofrecido por el órgano de contratación teniendo en cuenta sus costes y su arte. Si resulta adjudicatario y la oferta no es razonable, perderá dinero y buscará la forma de recuperarlo, llegándose en el extremo a la resolución del contrato con los consiguientes daños para la sociedad, pues la nueva licitación se hará por un precio mayor, so pena de que quede desierta. Por eso es muy importante utilizar las herramientas que proporciona la Ley de Contratos del Sector Público para que las bajas se atemperen, ya que no se trata de adjudicar a la oferta más económica, sino a la que presente la mejor relación calidad-precio; lo que sería sinónimo de éxito al conseguir que la infraestructura se adjudique a una oferta de buena calidad técnica y precio de mercado. Que la adjudicación recaiga en una oferta técnica de baja calidad, aunque sea la más barata, es un error.

La clave para desvelar la calidad de una oferta está en la memoria técnica, por eso su valor tiene que ser al menos igual, sino superior, al resto de los criterios de adjudicación. En ella se describen el proceso de ejecución, los procedimientos y se resaltan las carencias del proyecto, y los técnicos deducen la bondad de la propuesta y la califican. Es verdad que estas operaciones suponen juicios de valor, pero la práctica demuestra que las puntuaciones de varios técnicos bien formados difieren muy poco entre ellas; lo bueno destaca por sí mismo.

Un factor que contribuye a presentar bajas fuertes es el empleo de fórmulas lineales para valorar el criterio precio; por ello el camino para conseguir una buena relación calidad-precio comienza por erradicar este tipo de fórmulas y aumentar el valor de la oferta técnica, tarea a la que coadyuvan, entre otros, los umbrales de saciedad y los umbrales técnicos que consiguen desechar las ofertas de bajo nivel técnico.

Las subidas de precios, la demora en los suministros, el empleo de criterios de adjudicación poco eficientes y, sobre todo, la escasa colaboración de los órganos de contratación para cambiar las cosas, debilitan al sector, contribuyen a situar en riesgo el cumplimiento los fondos de NEXT GENERATION, afectan al empleo y pueden llegar a crear situaciones de riesgo para las personas.