¿Otra vez con los brotes verdes?
Rajoy ganó el golpe ante Bárcenas, ahora debe acelerar las reformas para salir de la crisis.
La comparecencia de Mariano Rajoy el pasado jueves en el Congreso dio el carpetazo a la agenda político económica hasta la segunda quincena de agosto. Rajoy entonó el mea culpa con su ex tesorero, Luis Bárcenas, al que hace tan sólo unos meses atrás agasajaba con SMS como "ánimo Luis" o "sé fuerte. Mañana te llamo". El presidente reconoció que se había equivocado. Errar, al fin y al cabo, es humano. Pero negó con rotundidad que cobrara sobresueldos en negro. Si el tándem Bárcenas-Pedro J. no aporta pruebas que contradigan las palabras de Rajoy su estrategia es un rotundo fracaso. No se puede inculpar a un ciudadano sin pruebas y menos si es el inquilino del Palacio de la Moncloa.
La comparecencia de Rajoy servirá, además, para despejar las incertidumbres que aún pesan sobre la marcha de la economía española porque refrenda la estabilidad del Gobierno en un momento crucial. En la actualidad, hay pocas dudas de que la economía española volverá a crecer en el tercer o el cuarto trimestre del año. Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) reafirmó esta opinión en el informe hecho público ayer.
Pero la recuperación es, en palabras del titular de Economía, Luis de Guindos, como una delicada rosa, que es necesario cuidar para que no se marchite antes de florecer en todo su esplendor. Las principales dudas surgen sobre el ritmo del crecimiento que se producirá en los próximos meses o incluso años. El informe del FMI apunta a que será de poco más de medio punto hasta 2018. Un porcentaje insuficiente, desde luego, para rebajar la tasa de desempleo.
La mayoría de los informes nacionales o internacionales coinciden sobre la necesidad de más reformas para impulsar el crecimiento. El Gobierno de Rajoy se llena la boca diciendo que es el que más reformas ha emprendido. Pero la gran mayoría de ellas están inacabadas o pueden terminar en papel mojado.
Véase la reforma de la administración local, que renuncia a reducir el número de ayuntamientos y otorgar el poder en un órgano arcaico y burocrático como las diputaciones provinciales. Como casi todo lo que toca el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lleva camino de no completarse.
La gran asignatura pendiente es el recorte de las administraciones públicas, como lo puso de manifiesto la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se fijaron los nuevos objetivos de déficit público. Hay autonomías como la valenciana o la catalana que burlan ampliamente las barreras establecidas, sin que el ministro de Hacienda adopte las sanciones que prometió para evitarlo. Todo lo contrario, son las que salen premiadas en el reparto del ajuste. ¿Por qué hemos llegado a este sinsentido? Porque Montoro, en contra de lo que anunció, ha dejado sin sancionar los incumplimientos, saltándose así la Ley de Estabilidad Presupuestaria que él mismo promovió. Me pregunto, además, qué incentivo tiene una autonomía para ceñirse a las nuevas metas de déficit . Ninguno. El presidente de la Generalitat, Artur Más, ya advirtió esta semana que Cataluña no bajará su déficit del 2 por ciento, cuatro décimas más de lo permitido.
Aún más grave es que el ministro de Hacienda presione a Madrid para reimplantar el Impuesto de Patrimonio. Ello muestra que Montoro no tiene apenas voluntad de infligir más recortes e intenta solucionarlo todo por la vía de la subida de impuestos.
Los últimos datos apuntan a que el Gobierno central cumplió el déficit en el primer semestre por los pelos y la mayoría de los expertos advierten que sin más ajustes es imposible acabar en el 6,5 por ciento comprometido con Bruselas. Sin un crecimiento vigoroso de la economía, lo más probable es que la recaudación no repunte, ya que las recientes subidas de impuestos tienen un efecto depresivo tardío sobre el consumo.
Fuera del ámbito de la administración, existen reformas por rematar, como la laboral o la financiera. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), reconoció la semana pasada que más de 20.000 millones inyectados en las antiguas cajas jamás se recuperarán. La duda es si será suficiente con los 40.000 millones pedidos a Bruselas o habrá que solicitar una ampliación del préstamo. Habrá que ver la evolución de la economía para despejar esta nueva incógnita.
Las miradas de los analistas internacionales están también centradas sobre el Ministerio de Empleo, que dirige Fátima Bañez. La reforma laboral, la principal fuente de competitividad de nuestra economía, precisa otra vuelta de tuerca que no se sabe si el Gobierno se atreverá a dar. Es necesario acotar la discrecionalidad de los jueces para dictaminar sobre los ERE, simplificar los contratos con la introducción de los mini jobs y acortar la prestación por desempleo.
Rajoy ha ganado el primer round frente a Bárcenas, pero ahora aún le queda el más importante, la crisis. Como no acelere el paso de las reformas no podrá contrarrestar su pérdida de popularidad en las urnas por culpa de los escándalos de corrupción.
Si yo fuera el presidente, aprovecharía el verano para limpiar el Gobierno de ministros poco competentes, como el de Hacienda o el de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardon, presunto colaborador de la trama Bárcenas. El despido de Ana Mato alejaría definitivamente las sospechas sobre su consentimiento a la trama Gürtel.
La agilidad de la titular de Fomento, Ana Pastor, para despejar incertidumbre en el accidente del AVE de Santiago es todo un referente para Rajoy. El caso Bárcenas es una muestra de que las cosas, cuando no se atajan a tiempo, acaban acarreando serios problemas. Confiar en que los brotes verdes prenderán y salvarán su reelección es suicida, como ya le ocurrió a Zapatero.