Opinión

Miguel Cuerdo Mir: Un año después de las elecciones del 20-N

    El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy. <i>Foto: Archivo</i>


    Un año después de las elecciones que propiciaron el nuevo ciclo político de la actual XI legislatura, viene bien hacer un balance siquiera tentativo, dada la importancia de los cambios en las mayorías políticas y el consiguiente cambio en la orientación de la política económica en España.

    En primer lugar, cabe subrayar que la legislatura anterior no agotó su ciclo de cuatro años. Lo que dio idea de cierta inestabilidad institucional. No obstante, no hay mal que por bien no venga, porque ese cierre prematuro vino forzado por el agotamiento de unos Gobiernos del presidente Rodríguez Zapatero sin resuello ni convicción para hacer frente al escenario recesivo que se les venía encima -el PIB creció un 0,0% en tasa interanual en el último trimestre de 2012, con perspectiva de recesión en los trimestres siguientes-.

    Además, la evolución de la economía española hacía presagiar el escenario de un más que probable rescate, debido a lo desacertado de las reformas previas, especialmente la de un sistema crediticio que no funcionaba y que cada vez sembraba más dudas acerca de su propia viabilidad, junto con una manifiesta incapacidad para controlar unas cuentas de las Administraciones Públicas que ponían en jaque la credibilidad del conjunto de la economía española, expresada a través de su prima de riesgo. Todo lo cual laminaba cualquier posibilidad de supervivencia en el gobierno del PSOE. En todo caso, un toro con mucho trapío que precipitadamente hizo correr turno en la lidia hasta el primer Gobierno del presidente Rajoy.

    La hoja de ruta

    Estando como estamos en ese primer tercio, en el que los policy makers pueden hacer mucho y esperar a que los resultados de las medidas más impopulares les den la razón, porque hay tiempo, se podría decir que estamos viendo el grueso de la política reformista que se está dispuesto a llevar a cabo. En este sentido, parece que el Ejecutivo se ha despegado del burladero lo estrictamente necesario en materia de Administraciones Públicas -es verdad que ha habido recortes de presupuesto, si bien lo fundamental del ajuste y las reformas del sector público están empezando ahora-. Pero ha salido a los medios en materias tan trascendentes como el mercado laboral o el sistema bancario.

    Los resultados no son visibles, pero hay indicios de cambio. Así, con una tasa de crecimiento negativa del 1,6 por ciento interanual en el PIB en el tercer trimestre de 2012, se registra un aumento del número de parados en relación con el trimestre anterior inferior al que se había producido en el tercer trimestre de 2011, cuando el PIB en ese mismo trimestre todavía crecía a tasas interanuales positivas. De hecho, la relación entre variación de la ocupación y variación en el PIB ha cambiado, con el más que probable resultado de necesitar bastante menos crecimiento del PIB en los próximos trimestres para empezar a generar empleo neto. A lo anterior se añaden unas proporciones en el ajuste mucho más equilibradas en este último trimestre (50/50) entre empleo público y empleo privado -algo que no ocurrió en el tercer trimestre de 2011, cuando el empleo privado caía en casi 150.000 personas y el empleo público crecía en tres mil-. En paralelo, también se observa cómo este año hay una evolución mejor de los costes laborales unitarios en España, que ponen de manifiesto un reparto distinto y mejor del ajuste del mercado de trabajo entre el precio y el volumen de trabajo contratado.

    Por otro lado, a pesar del penoso resultado en términos de crecimiento económico en el último año, se observan ganancias de productividad en el tejido productivo que no se observaban con esta claridad hace un año, más allá de los evidentes incrementos que produce un menor número de población empleada. Si a esto le unimos una favorable evolución en este último año de nuestros costes laborales en relación con nuestros vecinos comunitarios -a los que vendemos más de dos tercios de lo que vendemos en el mundo-; además de un importante esfuerzo del empresariado español más competitivo por encontrar en los mercados exteriores lo que no es demandado dentro -en general, el que traslada a los precios de sus productos la devaluación salarial derivada del ajuste y de la reforma-, nos encontramos con una evolución del comercio exterior y de nuestra balanza por cuenta corriente más próximas al equilibrio, a pesar de un contexto internacional que no lo favorece, pero que nos pone en el camino de estabilizar nuestro endeudamiento frente al resto del mundo, con la consiguiente tranquilidad sobre el coste y la provisión de recursos financieros del exterior que pudiera requerir la economía española en un futuro inmediato de recuperación.

    Claro que los posibles avances de este último año en la buena dirección -ajuste más proporcionado en el mercado de trabajo, con mejora del nivel de competitividad y una mayor internacionalización de las empresas españolas- se están viendo entorpecidos por una imagen de país más débil, con un Estado cada vez menos de bienestar y más asistencial, incapaz algunas veces de frenar la expropiación de propiedades españolas solventes y productivas en algunos países americanos y enfrentado a unos movimientos de secesión interna cada vez más fuertes, por mor de la situación económica general.

    Todo esto ocurre cuando las Administraciones Públicas siguen controlando casi el cuarenta por ciento de la renta española, con unos impuestos -directos e indirectos- más altos que hace un año y un gasto público con estabilizadores que desestabilizan notablemente. Por ejemplo, las pensiones y su sistema de actualización, que no prevé -y el actual Gobierno no apunta hacia su reforma- que en un sistema de reparto basado en la renta corriente, cuando el PIB decrece, el montante de pensiones no debería crecer más de lo que crece el PIB nominal. Porque, a lo mejor, los últimos cinco mil millones de incremento del gasto público son los que decantan la economía española hacia un rescate internacional no deseado. Cosa que hasta ahora se ha logrado evitar de forma elogiosa, a pesar de lo que presagiaba el precipitado final de la legislatura anterior.

    Miguel Cuerdo Mir, profesor titular de Economía Aplicada en la facultad de CC. Jurídicas y Sociales. URJC.