Rocío Ingelmo: Un sector público que nos ayude a crecer
Llevamos varias semanas viendo que los distintos ministerios no se ponen de acuerdo a la hora de cuantificar cómo instrumentar las distintas medidas a aplicar para intentar salir de la crisis; tampoco existen soluciones de consenso entre los interlocutores sociales, ni entre el Gobierno y la oposición.
En lo que sí que parece que hay acuerdo es en la necesidad de acometer reformas estructurales que permitan reducir el ingente gasto público actual pero que, al tiempo, creen las bases de una economía que nos conduzca a la recuperación.
No estoy diciendo nada nuevo. Para conseguirlo sería importante abordar la reforma del mercado laboral, en lo que ya se está trabajando, acometer una reforma impositiva que rebaje determinados impuestos vinculados a la actividad económica o plantearse de forma seria un adelgazamiento del Sector Público que lo convierta en más eficiente, más eficaz y menos consumidor de recursos públicos.
La actual dimensión del Sector Público es difícilmente sostenible. Y no me refiero sólo al número de funcionarios existentes en nuestro país, un colectivo, por cierto, destinatario de algunas de las recientes medidas de austeridad puestas en marcha por el Gobierno. Permítanme que aproveche este artículo para compartir una reciente anécdota real: estando en una reunión de trabajo, me comentaron el sueldo de un director general de uno de los Gobiernos regionales: 60.000 euros.
Aunque se trata de una nómina muy superior a la de la media declarada en el IRPF por los españoles, no debe olvidarse que se trata de puestos en los que se toman decisiones que en la empresa privada estarían mucho mejor pagados. Obviamente dichos cargos se ostentan de forma voluntaria, pero debemos valorar, como ciudadanos, la importancia de los mismos y de los profesionales que los ocupan.
Es obvio que el Sector Público en nuestro país está sobredimensionado. Hay muchas actividades que en la actualidad se están realizando desde el entramado de entes públicos y algunos, quizás en 2010, podrían ser prestados desde el sector privado. Sin ir más lejos AENA.
El Ministro de Fomento ha anunciado la creación de dos filiales: una de Navegación Aérea y otra de gestión de los 43 aeropuertos. Será en esta última en la que se permitirá la entrada del capital privado hasta tomar el 30 por ciento.
No es cuestión de plantearse en este momento si España en realidad necesita 43 aeropuertos, pero sí considero una buena iniciativa la privatización de parte de esta entidad. ¿Y por qué no continuar con las privatizaciones si parece haber consenso sobre su claro efecto positivo?
Sin embargo, si la reticencia a estos procesos tiene algunos protagonistas, éstos son los sindicatos. Basta con analizar lo ocurrido recientemente al proponer a los trabajadores de RENFE y de ADIF una reducción voluntaria del sueldo del 5%, que fue rechazada.
Sería conveniente que las administraciones hicieran un estudio en profundidad para analizar qué entidades podrían pasar a ser privadas o de capital mixto. Del resultado del mismo, debería sucederse un proceso de privatización ordenado, que garantizara un procedimiento conveniente para todas las partes, incluyendo obviamente a los trabajadores y, sobre todo, que evite perjudicar a los usuarios finales de estos servicios.
Además de las mencionadas privatizaciones, podrían adoptarse otras soluciones en el marco del Sector Público que permitan reducir el gasto sin incidir negativamente en el crecimiento de nuestro PIB. En este ámbito, cabría mencionar la puesta en marcha de algunas medidas de reducción de costes, por un lado, y la externalización de determinados procesos, por otro.
La primera de ellas, con resultados más inmediatos, a buen seguro se está adoptando en muchos niveles de la Administración, bien internamente, bien en colaboración con empresas de consultoría. Una fórmula de maximizar los resultados tanto en el coste de las mismos como en el menor tiempo en el que se desarrollan.
La segunda medida requiere un estudio más detallado por parte de los organismos. La externalización, conocida por los que nos dedicamos al mundo de la consultoría como outsourcing, es una práctica habitual en la empresa privada. Determinadas entidades públicas, menos constreñidas por su estructura, ya lo están empezando a implantar con resultados muy positivos. ¿Por qué no desarrollar este proceso en pro de lograr una Administración más ágil y eficaz al servicio de los ciudadanos?
Sabemos que soluciones hay, solamente es cuestión de adoptarlas. Creo que ya ha llegado la hora de utilizar otros instrumentos de política económica más eficientes para lograr el resultado deseado por todos: que España vuelva a crecer.
Rocío Ingelmo, sector público Ernest & Young.