Opinión

Juergen B. Donges: Tras el acuerdo con Grecia, no habrá tregua para el euro



    Muchos pensarán que después de que el Gobierno griego haya aceptado el nuevo plan de austeridad que ha configurado un equipo de expertos de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional y al que han dado luz verde esta semana el Eurogrupo y el Consejo Europeo, el país heleno se salvará de la quiebra y que volverá la normalidad a la zona del euro. Un paquete de 110.000 millones de euros para 2010-12 (con un reparto de 80:30 entre los demás países de la Eurozona y el FMI) debería convencer a los mercados de que la tan precaria situación de los últimos meses finalmente está bajo control. Máxime, cuando el BCE ha decidido aceptar, en contra de la buena regla hasta ahora aplicada, bonos basura de Grecia como colateral (garantía) de los bancos griegos que busquen financiación.

    En favor de la hipótesis de la esperanza habla que el plan de austeridad contempla medidas mucho más contundentes que las que inicialmente el Ejecutivo griego había previsto. Destacan los recortes del gasto público, incluidos salarios y pensiones, y la nueva subida del IVA y de determinados impuestos indirectos específicos. El ajuste fiscal equivale al 13 por ciento del PIB, nunca visto en otros países. El plan también apunta a reformas estructurales de fondo, en particular a lo que al mercado laboral y al sector de los servicios atañe. De momento, la ayuda le dará al Gobierno heleno un respiro, nada más. Lo único que cuenta son medidas y resultados concretos, ya descontando que en este ejercicio se contraerá la producción y aumentará el paro. No sabremos hasta dentro de unos meses si la sociedad acepta la dureza del ajuste; gran parte todavía se resiste. Si el Ejecutivo se echara atrás, no recuperaría la credibilidad de los agentes económicas de la que tanto carece actualmente.

    En los próximos meses continuará el debate sobre si otros países de la zona del euro pasarán por unos padecimientos semejantes a los griegos. Los primeros candidatos serían Portugal y España. A diferencia de Grecia, los gobiernos de estos dos países no han estado engañando a sus socios y el fraude fiscal, aunque existe, no se ha practicado como deporte nacional (desde el rico hasta el taxista). Es una baza a favor de los países ibéricos. Pero Portugal y España comparten con Grecia la alegría del gasto público, la tardanza en acometer reformas estructurales de largo alcance y la incapacidad de reducir una burocracia administrativa desbocada a todas escalas territoriales que genera un enorme coste económico. Y aunque no tanto como la economía helena, también en la Península Ibérica la productividad de los factores es comparativamente baja y la competitividad e innovación tecnológica de las empresas es a todas luces insuficiente en numerosos sectores.

    Si bien ambos gobiernos son conscientes de la seriedad del grado de endeudamiento y han anunciado medidas resolutorias, el paso al que las acometen hace temer que los efectos de mejora serán lentos. En este ejercicio, está previsto reducir el déficit público en Portugal en un punto porcentual (del 9,4 por ciento del PIB al 8,3 por ciento) y en España en punto y medio (del 11,4 por ciento del PIB al 9,8 por ciento). Grecia es más ambiciosa: cuatro puntos porcentuales, equivalente al 8 por ciento del PIB. A la espera de una política de consolidación presupuestaria más contundente, España y Portugal estarán sometidas a un escrutinio riguroso de los mercados. Ya antes de manifestarse las crisis soberana griega, las primas de riesgo para la deuda española y portuguesa habían aumentado. Ese estatus de país-riesgo puede perdurar.

    Está muy en boga criticar al mensajero, léase agencias de calificación del riesgo como Standard & Poor's y otras, de crear la incertidumbre en los mercados. Según determinados políticos, los calificadores privados persiguen objetivos interesados (¿cuáles?) cuando rebajan la nota a un país. Es curioso: cuando hace una década la economía española avanzaba significativaente en la convergencia real hacia los países europeos punteros y cosechó en este contexto buenas notas, hasta alinearse casi por completo con el tipo de interés de referencia alemán, nadie se quejaba de estas calificadoras. En la reciente crisis financiera global, los mismos políticos que hoy condenan a las agencias privadas les reprochaban no haber sido lo suficientemente rigurosas en la evaluación de los modelos de negocio de la banca privada basados en los productos financieros estructurados que al final resultaron ser tóxicos. ¿Haría mejor trabajo una agencia pública europea de calificación, por la que muchos abogan? ¿Sería verdaderamente inmune contra consideraciones de oportunidad política? Hay que ser bastante ingenuo para creérselo. Si el Gobierno es capaz de desarrollar y aplicar una política económica de crecimiento y empleo que sea coherente y creíble, no tiene por qué temer el rating de las agencias. Es el Ejecutivo, sólo él, quien decide con sus políticas si el país suspende o aprueba el examen. En caso de que España sacara un suspenso, el presidente Rodríguez Zapatero tendrá que rectificar su gestión. Querer curarse en salud responsabilizando a una imaginaria conspiración internacional contra el país sólo aumentaría la desconfianza en los mercados.

    Por lo que se ve, Grecia no es apta para fomar parte de la Unión Monetaria. En Alemania, numerosos economistas hemos recomendado al país heleno que se salga de la zona del euro (expulsársele, no se puede). Lo de menos (aunque moleste) es la factura de 22.400 millones de euros que nos tocará pagar en tres años, no debido a una catástrofe natural que haya azotado Grecia y que todos trataríamos de atenuar, sino al derroche a que se han dedicado nuestros amigos durante mucho tiempo. El problema fundamental es que la economía griega no tiene tanta robustez y capacidad de ajuste para afrontar los retos de la competencia globalizada, como para que el Gobierno pueda prescindir de la autonomía de una política monetaria y cambiaria. De salirse, podría devaluar el restaurado dracma, iniciar negociaciones con los acreedores sobre la reestructuración de la deuda y modernizar las instituciones y el tejido productivo de la economía. Una vez en forma, Grecia podría reintegrarse en la unión monetaria. Liberado de un miembro flojo, el euro saldría reforzado. Como ahora se le ha retenido, el euro no ha hecho más que devaluar después del acuerdo del domingo.

    Juergen B. Donges, universidad de Colonia.