El Tribunal de Cuentas ha certificado hace unos días que la Seguridad Social se encuentra en quiebra técnica o con un patrimonio neto negativo tras perder más de 100.000 millones desde 2010, si se añade el déficit de 2018. Así se constata en la fiscalización de la Cuenta General del Estado. Circunstancias demográficas, como la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom, el incremento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad, y otras económicas como las prestaciones más elevadas de los nuevos jubilados o la revalorización de las pensiones, ejercen una gran presión sobre nuestro sistema de pensiones.Los recursos, mayoritariamente cotizaciones sociales y, en menor medida, transferencias recibidas del Estado, resultaron insuficientes para la cobertura de gastos como las prestaciones contributivas, fundamentalmente pensiones, y prestaciones no contributivas, provocando desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería. Pero lo peor es que a pesar de que el comportamiento de los ingresos por cotizaciones se ha acelerado durante este año -hasta abril un 8 por ciento -gracias a la recuperación del empleo y la subida de los salarios -incremento del SMI-, y especialmente por el importante aumento de las bases máximas de cotización un 7 por ciento y el de las mínimas un 22,3 por ciento , sigue sin atajarse el déficit. Este desfase se cubrirá con un préstamo de casi 14.000 millones de euros a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones a lo largo de este año, empezando por la extraordinaria del verano que perciben los más de 9 millones de pensionistas.Hasta hace dos años, el desfase entre lo que se recaudaba por cotizaciones y lo que se desembolsaba en pagar pensiones contributivas se cubría con dinero ahorrado en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Pero el Fondo no da para más. Hoy este Fondo no alcanza ni para pagar los 9.610 millones que cuesta una mensualidad y quedará en algo menos de 1.500 millones de euros al cierre de 2019, tras las disposiciones que se hagan este año de casi 3.700 millones de euros. Toca financiar las cuentas de la Seguridad Social con créditos del Estado. En los dos últimos, esos préstamos han disparado la deuda de la Seguridad Social en 25.895 millones de euros más, hasta los 43.068 millones registrados en marzo, según los últimos datos del Banco de España.Las medidas coyunturales que se han venido tomando, tanto en 2017 como en 2018, para solventar esta situación a través de préstamos a la TGSS no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que son de naturaleza estructural, ni contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados. Es más, dejan a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia, como ocurrió entre 1992 y 1999, préstamos que no se devolvieron al Estado.Estas conclusiones advierten tanto de la necesidad como de la complejidad de las urgentes decisiones políticas y económicas a tomar, ya que la continuidad de los préstamos del Estado no es sostenible en el medio plazo. La falta de acuerdos políticos en el Pacto de Toledo es otro grave inconveniente que impide alcanzar el consenso en políticas sostenibles de pensiones, tal y como hemos visto con lo sucedido con la reforma del año 2013, desmontada prácticamente en el último año, al aprobarse que la nómina de los jubilados se volviera a actualizar cada año con el IPC y que, por otro lado, se pospusiera la aplicación del factor de sostenibilidad, lo que probablemente provocará un enorme sobrecoste para el sistema público de pensiones en las próximas dos décadas. O en hechos como que la comisión del Pacto de Toledo cerró la pasada legislatura sin consensuar ni una sola recomendación para afrontar la que probablemente sea la reforma más destacada y compleja que tiene pendiente España y la sociedad en su conjuntoLa pregunta que subyace es quién soportará el ajuste que se deriva de esta situación insostenible de nuestro sistema de pensiones, ya sea aumentando los ingresos a través de impuestos o cotizaciones sociales o reduciendo los costes de las prestaciones mediante la reactivación de la Ley 23/2013 reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. Y con ello, ¿está realmente el pacto generacional que sustenta el sistema de pensiones plenamente garantizado?