L a imputación de un exgobernador del Banco de España (BE), Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo), es algo que no tiene precedentes. Es cierto que otro antiguo gobernador del BE, Mariano Rubio, fue incluso condenado en sentencia firme. Sin embargo, la condena fue por fraude fiscal, y no por su actuación como gobernador en la supervisión del sistema financiero. Además, la biografía de Mafo es singular. No solo estamos ante el primer, y de momento único, gobernador que era militante de un partido, en su caso el PSOE, sino que además venía de haber sido alto cargo en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, casi sin solución de continuidad. Mafo fue secretario de Estado de Hacienda en el primer Gobierno de Zapatero. Allí tuvo una gestión tan "alabada" que es el único secretario de Estado al que los propios inspectores de Hacienda exigieron masivamente su dimisión. Yo fui uno de los centenares de inspectores que firmó exigiendo su dimisión, con lo que no soy objetivo, y lo admito. A mí, como a muchos compañeros me preocupaba enormemente, entre otras cuestiones, por ejemplo que Mafo quisiese someter a una comisión ajena la Inspección y la autorización para realizar liquidaciones importantes. Eso lo acabó impidiendo el Consejo de Estado, al considerar la modificación del Reglamento que proponía la cúpula del Ministerio de Hacienda, como contraria a las leyes. Es una lástima, sin embargo, que cuando el Tribunal Constitucional examinó en las Sentencias 48 y 49/88 ratificase sustancialmente la constitucionalidad de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro. Esta norma de 1985 fue la que estableció unos órganos de gobierno de las cajas poco profesionales y plagados de políticos. En 1985, el secretario de Estado de Economía que promovía esta norma era, curiosamente, Mafo. En fin, dados los antecedentes, cuando pienso en las consecuencias de nombrar a políticos en los órganos supervisores, lo primero que me viene a la cabeza es la gestión de Mafo al frente del BE. Como no soy el único que lo piensa, la imputación de Fernández Ordóñez ha sido vista como el fin de una época y ha copado los titulares. Sin embargo, el elefante en la habitación es que también han sido imputados, o en lenguaje moderno, citados a declarar como investigados, tres altos cargos en ejercicio del BE. Me refiero, nada menos, que al director general de Supervisión, el director adjunto y un jefe de grupo, que sería el equivalente a un subdirector general. No ha habido cambios relevantes en la supervisión de las entidades financieras, ni en la responsabilidad de los borradores e informes, ni tampoco en las personas. Esto quiere decir que tuvimos al frente de la supervisión de las entidades financieras, hasta que tuvieron que dimitir hace unos días, a algunos de los que autorizaron la salida a bolsa de Bankia, un banco quebrado cuyas cuentas no reflejaban la realidad. Estas personas lo hicieron contra el criterio del equipo de inspección, que incluso lo advirtió expresamente a sus superiores mediante cuatro demoledores correos electrónicos de su jefe, José Antonio Casaus. No sólo teníamos, hasta antes de ayer, los mismos responsables, es que además incluso tenemos unos procedimientos, ahora incluso menos incisivos según algunos inspectores que eran, y son, un desastre. Ahora se pueden ver los resultados, pero como decíamos ayer, es decir en octubre de 2011: "…es necesario que el inspector se responsabilice de sus actas firmándolas. Al igual que no es concebible que una sentencia provenga de un genérico Poder Judicial, sino que la suscriben uno o varios Jueces. A la vista de un informe, acta o propuesta, la Autoridad, en este caso, el Consejo de Gobierno del BE, puede tomar las decisiones que considere oportunas, incluso contra el criterio de los profesionales encargados de la Inspección. Sin embargo, debe hacerlo a la vista de los informes y actas correspondientes. Si no se delimitan funciones, el control es ineficaz. Los resultados están a la vista. Estos criterios profesionales eran los que defendía la proposición del PP. Fernández Ordóñez aseguraba que él defendía una inspección colectiva. En la práctica, esto no sólo suponía que el gobernador tuviese la última palabra, lo que es correcto, sino la única palabra. En estos momentos, hay un modelo de inspección difusa y sin responsabilidad en el Banco de España". Con todo esto, ahora resultan imprescindibles la exigencia inmediata de explicaciones y la depuración de responsabilidades. Por eso, mi partido, Ciudadanos, ha exigido la comparecencia urgente en el Congreso del gobernador del BE. Además, hemos promovido la creación de una Comisión de Investigación que analice por qué se derrumbó la mitad del sistema financiero, las cajas de ahorro. Sólo el coste directo del hundimiento de las cajas, según el Tribunal de Cuentas, ascendió a más de 62.000 millones de euros. El coste indirecto fue simplemente devastador: hacer mucho más profunda una crisis económica y financiera. La primera responsabilidad fue evidentemente la mala gestión, en algunos casos simplemente delictiva, de unos gestores nombrados por la vieja política, el PP y el PSOE fundamentalmente, pero también nacionalistas e incluso Izquierda Unida. Sin embargo, hay también una responsabilidad en la deficiente supervisión del sistema financiero. Y los errores en la dirección de la supervisión no se agotan, ni mucho menos, en Fernández Ordóñez. En el BE no sólo ha habido errores de dirección, sino que se necesita una reforma en profundidad de los procedimientos y de la responsabilidad de la supervisión. Más aún, y es triste tener que escribirlo: la regeneración tiene que llegar, también, al BE. Ése es el primer objetivo dentro de una reforma financiera que persigue un partido regenerador como Ciudadanos. Para eso, el primer paso imprescindible es conocer en profundidad qué ha pasado, y por eso la votación de la creación de la comisión de investigación la próxima semana es simplemente decisiva.