E l debate sobre el presente y el futuro de las pensiones públicas ha reaparecido con fuerza y, de nuevo, el Pacto de Toledo está llamado a construir una respuesta sólida y consensuada en un asunto tan trascendental para la calidad de vida y la dignidad de millones de personas mayores y sus familias. En el centro de la discusión, como sucedió en 1993-1994 cuando Miquel Roca lanzó la idea de un gran acuerdo en materia de pensiones, está la sostenibilidad financiera del sistema público. Es imprescindible que sea así, huyendo, eso sí, de alarmismos interesados e ignorancias irresponsables. De la misma manera que es necesario distinguir entre los problemas de hoy y los retos de un mañana. En un caso, estamos preocupados por el déficit persistente desde el inicio de la crisis y que ha obligado al uso del Fondo de Reserva para garantizar determinados pagos de las pensiones. Este déficit está vinculado básicamente a la caída del empleo y la correspondiente pérdida de cotizantes, a la devaluación salarial y la correspondiente insuficiencia de las cotizaciones de los nuevos cotizantes y a determinadas opciones presupuestarias del Gobierno del PP, como financiar una parte, no menor, de las políticas activas de empleo (las bonificaciones en las cuotas) con cotizaciones, que merman recursos al sistema. También tiene su trascendencia en la disminución de los ingresos la reducción del número de personas que siguen sin encontrar empleo y que ya no cobran el desempleo y por los que el Estado, por tanto, ha dejado de cotizar. En el otro caso, en la mirada de los retos del mañana, el reto está en la jubilación de la enorme generación de los baby boomers, que va a tener que ser soportada por unas cohortes de trabajadores menguadas, fruto de la caída de la natalidad entre 1975 y 1995; pero a medio y largo plazo no es solo existe el reto del envejecimiento de la sociedad, sino que lo son también los disruptivos cambios provocados por la revoluciones tecnológicas que transforman el mundo del trabajo y ponen en cuestión los modelos de protección social nacidos en la era industrial. En el reto a corto plazo, en la política de empleo y en la política presupuestaria deben encontrarse las respuestas. Más empleo, pero sobre todo empleos con mejores sueldos son claves para incrementar los ingresos. Un crecimiento del empleo, basado en sueldos bajos no garantiza la mejora de la competitividad y la productividad a largo plazo, y hace imposible financiar el conjunto del Estado del Bienestar. La devaluación salarial ha dejado de tener sentido. El incremento del Salario Mínimo Interprofesional, la reducción del fraude en el abuso de la contratación temporal y parcial, la reforma del régimen de autónomos son algunos aspectos clave que deben ayudar a incrementar los ingresos al sistema de pensiones por la vía del empleo. Y desde la política presupuestaria es necesario avanzar en una nueva fase de la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. No tiene demasiado sentido que la vía de financiación de los gastos de gestión del sistema todavía sean las cotizaciones. Y debe iniciarse un proceso gradual, tal y como se hizo en su momento con los denominados complementos a mínimos, de financiación desde el presupuesto general del Estado de las pensiones de viudedad y orfandad. Pero a medio plazo, necesitamos medidas más ambiciosas para garantizar la sostenibilidad del sistema; algunas afectan a algunos parámetros del sistema, tales como reformular las pensiones de viudedad y orfandad adaptándolas a la realidad de los hombres y mujeres de hoy, o redefinir el denominado factor de sostenibilidad, aprobado en solitario por el PP que implica una reducción de las pensiones futuras por un nuevo sistema que vincule el aumento de la esperanza de vida con el incremento de la edad legal de jubilación. Otras tienen que ver con el incremento del ahorro a largo plazo que exige un universal y buen sistema complementario de pensiones por la vía de la negociación colectiva; otras tienen que ver con el incremento de la población en edad de trabajar tales como una decidida política de apoyo a la natalidad y una gestión valiente e inteligente de los flujos migratorios. Otras deben ser más calado, especialmente sobre la imposibilidad de continuar financiando las pensiones con un impuesto que afecta al valor del factor trabajo, o repensando las pensiones futuras en un mercado de trabajo más flexible y con un mayor número de trabajadores independientes, autónomos o freelance. Los retos son enormes, ciertamente, pero el compromiso político fundamental es entender que la calidad de una sociedad decente se mide, entre otras cuestiones, por su capacidad de garantizar ingresos suficientes y dignos de sus personas mayores. Ese debe ser el norte principal de la política de pensiones.