La ausencia de un Gobierno funcionando a pleno rendimiento está provocando que la contratación pública se haya recortado en casi 2.000 millones en los primeros 8 meses del año. El recorte genera incertidumbre entre los inversores privados que se plantean su apuesta por España, a pesar de que los crecimientos económicos por encima del 3,2 por ciento anual invitan justo a lo contrario. El frenazo de la inversión pública es comprensible al encontrarse maniatada por los restrictivos Presupuestos de 2015 que ahora, ante la imposibilidad de formar gobierno, serán prorrogados para 2017. Esta interminable parálisis también está llegando al mundo empresarial que, hasta el momento, había resistido estoicamente a la incertidumbre generada. Sectores en los que buena parte del volumen de negocio y beneficios dependen de la regulación pública, como el energético, la defensa o la banca, avisan de que alargar la situación hasta unas terceras elecciones ralentizaría parte de las inversiones y las operaciones futuras. De ahí que soliciten la aprobación de unos nuevos Presupuestos. La interinidad también pone en peligro otros sectores básicos para la recuperación económica, como el turístico y el inmobiliario. Urge, por tanto, poner fin a una parálisis cuyos elevados costes suponen una seria amenaza para la economía en su conjunto. Costes que podrían crecer todavía más si Bruselas cumple con las sanciones prometidas en el caso de que España no alcance los objetivos de déficit comprometidos. Resulta evidente que el país no necesita esta parálisis. Y desde luego no se merece unas terceras elecciones, sino un desbloqueo político que permita formar un nuevo Gobierno a pleno rendimiento.