N o hay alternativas a las reformas planteadas a nuestro mercado laboral por los economistas especialistas en la materia, entre ellos el Banco de España, por mucho que se las presente o se las tache de impertinentes, interesadas o incluso crueles. Bueno, sí. Existe alternativa y es la en verdad cruel, fría, malvada e interesada situación de mantener, como llevamos haciendo, durante 38 años (1979 a 2016) las condiciones de un mercado laboral que, en sus mejores datos (EPA), ampara unos dos millones de parados, llegando a alcanzar los seis millones; cuyas tasas mínimas de desempleo están en torno al 8 por ciento de la población activa -cuando se llegaba a récords de 20,7 millones de ocupados- y han superado el 26 por ciento (primer trimestre de 2013); o con tasas de actividad agregadas que logran máximos del 60 por ciento en 2012 y rondan niveles superiores gracias a la aportación de los trabajadores extranjeros (inmigración) a la actividad. Es decir, en el mejor de los casos, un 40 por ciento de la población española se muestra no dispuesta a trabajar. Y todo ello con continuas disfunciones, entre las que destaca un comportamiento muy desigual o asimétrico del mercado para destruir o para crear empleo, conocido como histéresis, y que sólo en ciertos períodos -entre 1998 y 2003-, tras reformas concretas, se logra sortear; también con dualidades de todo tipo (por edades, por sexo, los que están -insiders- o los que buscan -outsiders-, por temporalidad o por tipos de contratos...); con cifras comparadas que indican los muchos desincentivos o barreras de entrada que nuestra regulación, trabas, exigencias, indemnizaciones, costes..., de todo tipo, levantan para dificultar la contratación, incorporación y permanencia de las personas en el mercado laboral. No se trata de “costes de despido”, como interesadamente y con éxito se los denomina, sino de costes de contratación e incorporación laboral. Entre los que deben considerarse, también, las barreras, carencias y tópicos que un mal entendido y aplicado sistema de formación (la educación viene de casa o difícilmente viene y el Estado, la Administración, no debe “educar” a las personas), dominante entre mediados de los ochenta y hasta la reciente aplicación de la Lomce (curso 2014), ha ido introduciendo sobre bases ideológicas concretas que se han mostrado retrógradas y perjudiciales en varios aspectos. Desde luego, en esos 38 años hemos progresado y ampliado en las mejoras de las condiciones laborales y formativas; no cabe duda. Pero con los niveles o resultados alcanzados, las condiciones o cifras que han caracterizado nuestro mercado laboral y con el panorama de rigideces y dificultades a los que se enfrenta el empleo en España, no puede dejar de cuestionarse hasta qué punto muchos de esos logros y virtudes obtenidos no hubiesen tenido igualmente lugar con el propio crecimiento económico, incluso más si nuestra legislación, normativa y reglamentación hubiesen acompañado mejor, con menos intervencionismo o atención a los intereses de grupos de poder y más confianza en la libertad de contratos y acuerdos. Y es que el paro no se reduce, ni el empleo se crea, mediante intervención pública o pérdida de libertad, aunque los sistemas autoritarios presenten tasas de paro casi nulas. Pese a sus carencias y falta de ambición, e incluso con las trabas o frenos que los tribunales han puesto en temas diversos como descuelgues, aplicaciones de convenio o ultraactividad, la reforma laboral de 2012 ha contribuido de forma clave a la modernización de las relaciones laborales al priorizar los acuerdos o convenios de empresa por encima de cualquier otro. Tal marco normativo procura reforzar la flexibilidad de las empresas (no tanto de empresarios o trabajadores, sino de esas instituciones), permitiéndolas ajustar sus relaciones laborales a su realidad y particulares condiciones dentro de su sector o mercado. Y no puede aducirse en nuestras actuales condiciones y en el siglo XXI, salvo que se tome a las personas por inútiles y las instituciones por incompetentes, que sin convenios colectivos y sectoriales el trabajador queda desasistido. El Informe Anual del Banco de España, cuyas consideraciones y recomendaciones no son insólitas, extiende el problema de la formación al empresariado: los cuadros técnicos, directivos, gestores, etc. son muy competentes cuando de empresas grandes o que se la juegan operando fuera se trata; pero en el caso de pequeñas empresas, y por claras razones de costes, la mentalidad más tradicional, incluso tosca, que contempla la empresa como un dominio y las relaciones laborales como de suma cero o negativa, aparece más a menudo. Y no olvidemos que nuestra estructura empresarial está formada en un 99,3 por ciento de pymes (menos de 50 asalariados); el 83,1 por ciento tiene dos o menos empleados. Y, lo que es peor, los costes de asesoría y consultoría profesional siguen siendo muy elevados ante la falta de competencia y la transposición real de directivas europeas.