E n ocasiones, la única estrategia de política económica desplegada por determinados departamentos de las administraciones públicas (AAPP) se limita a la concesión de ayudas. A la mayoría de la población no le parece mal que las AAPP colaboren con las empresas mediante tan diabólico y distorsionante procedimiento pese a que, en ocasiones, empresas ineficientes que han contado con ayudas públicas hayan expulsado del mercado a empresas eficientes que no han contado con dichas ayudas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de hacer público su Primer Informe Anual de Ayudas Públicas en España. Dicho Informe responde al mandato de la vigente Ley de Defensa de la Competencia que dispone que, con el fin de mejorar el grado de transparencia de las ayudas, la autoridad debe emitir un Informe anual sobre las mismas. Lo que no dice la Ley es cómo debe ser tal informe ni el alcance del mismo. En todo caso, bienvenido sea el informe cuya referencia estadística principal es el Marcador de ayudas de Estado de la Comisión Europea publicado en el año 2014, basado en la información procedente de los Estados miembros, probablemente maquillada en algunos casos. Como se señala en el documento, "la utilización de las ayudas públicas de forma innecesaria, desproporcionada o ineficiente puede reducir la competitividad de las empresas y del conjunto de la economía, perjudicando el bienestar económico general y de los consumidores". En consecuencia, se espera de tales informes alguna consideración al respecto, más allá de afirmaciones o análisis generales. Se trata de saber si las ayudas concedidas reducen la competitividad o no tienen dicho efecto. Si perjudican el bienestar o tienen efectos positivos sobre el mismo. La hipótesis de partida es compartida pero, también en este caso, conviene alguna información sobre los efectos reales de las ayudas públicas o, al menos, de alguna de ellas. Dicho lo anterior, es cierto que la carencia de datos es notable. Pero si se comparte la consideración general acerca del impacto de las ayudas públicas tal carencia no tiene justificación. Por ello, la primera reacción de la CNMC debería ser la solicitud de transparencia total por parte de todas las AAPP. Posiblemente nos llevaríamos muchas sorpresas. En todo caso, del documento se extrae información relevante. En términos constantes, por un lado, destaca el contraste entre el repunte de las ayudas por recapitalización concedidas al sector financiero que pasaron del 0,79 por ciento al 3,85 por ciento del PIB entre 2011 y 2012; las ayudas para el rescate de activos deteriorados, que supusieron el 2,43 por ciento del PIB en el año 2012; las ayudas para garantías que pasaron del 5,75 por ciento del PIB en el año 2011 al 6,86 por ciento en 2012 y la partida correspondiente a otras medidas de liquidez que se redujeron desde el 1,26 por ciento del PIB en el ejercicio 2011 hasta el 0,33 por ciento en el ejercicio siguiente. En todo caso, el informe subraya la necesidad de minimizar el impacto de tales ayudas sobre la competencia mediante los retornos correspondientes "cuando sea posible y conveniente". Una concesión a la indeterminación. Por otro lado, se subraya la trayectoria descendente de las denominadas "ayudas regulares" que supusieron el 0,38 por ciento del PIB en 2012. Desde otra perspectiva, el informe recuerda que las decisiones de la Comisión Europea más relevantes se refieren a la exportación de buques, al sector financiero, a ciertas infraestructuras y, lo que no deja de ser sorprendente, a los clubes de fútbol. Lo que realmente es difícil de justificar es el hecho de que las ayudas dirigidas al medio ambiente ganen peso en detrimento del dinamismo empresarial, el empleo y la formación, siendo estas últimas casi testimoniales en el año 2012. Resulta sorprendente porque en un contexto como el actual lo más necesario en España es fomentar el espíritu empresarial y la creación de empleo y prestar una atención especial a la formación de los trabajadores. Vivimos en un mundo en el que las nuevas tecnologías serán el núcleo del crecimiento económico y la competitividad. Andar por otros derroteros es una clara manifestación de falta de enfoque estratégico. En definitiva: se trata de un buen informe -necesario, pero insuficiente-, que pone de relieve que en la CNMC hay buenos economistas. Pero de su lectura se desprende que debe irse más allá de la mera descripción y abordar problemas de fondo. El estudio del efecto distorsionador sobre la competencia en casos concretos podría ser un buen camino a seguir.