La reforma del modelo de formación es un asunto que se ha ido demorando en las sucesivas reformas laborales. El sistema actual no funciona y es una fuente de corrupción, que se ha utilizado en muchas ocasiones para financiar a organizaciones empresariales y sindicales. Los logros de algunos buenos centros y cursos quedan así empañados por una mayoría de programaciones que no sirven para facilitar a los trabajadores una mejor cualificación laboral e, incluso, que ni existen. Ha fallado el control de calidad y se ha impuesto la perversión del modelo como una vía para obtener subvenciones. Los sindicatos reciben más de 300 millones anuales por este concepto. El Gobierno ha decidido que la formación de ahora en adelante se imparta directamente desde las empresas, que recibirán la subvención en función de los alumnos y de los cursos que organicen. En el caso de las pymes, con menor potencial para hacerlo, se articula un sistema de concurso totalmente abierto a las empresas que se quieran presentar y muestren capacidad para ello. Sindicatos y patronal aceptan el cambio de modelo y piden competir por los cursos como el resto de empresas. Se trata de una reforma que era urgente realizar. Son trabajadores y empresas quienes con sus cotizaciones aportan los fondos para formación -el 0,7 por ciento del salario se destina a este fin- y es lógico que los empresarios tengan la última palabra sobre la cualificación que en cada momento necesitan sus trabajadores para competir mejor. Esta formación más pegada al día a día de las empresas redunda en beneficio del conjunto, pues crea un mercado laboral más preparado y erradica la corrupción que el actual sistema había generado.