U n alto cargo oficial me reconocía hace unos meses que los ajustes realizados por la Administración tanto en su estructura como en la de las empresas públicas son mínimos hasta ahora. Y añadió: "El día que veas cerrar una televisión pública empezaré a pensar que los recortes van en serio". Ese día ya ha llegado. El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, anunció el cierre de Canal Nou después de consultarlo con Rajoy y Montoro. Ambos le negaron la financiación de 40 millones para readmitir a los cerca de mil despedidos de la televisión autonómica. Por cada empleo estéril en el sector público desaparecen dos en el privado. En mi cuenta de Twitter (@AmadorAyora) algunos lectores me recordaban la dificultad para las familias afectadas o el perjuicio para la promoción de la lengua valenciana. Y es verdad. Pero el coste de mantener RTVV en la última década, alrededor de 2.000 millones entre deuda y asignaciones presupuestarias, es insostenible. El Gobierno valenciano aprobará una ley en los próximos meses para licitar la señal de la radiotelevisión. La empresa concesionaria será la encargada de difundir los valores autóctonos de la comunidad valenciana, como su lengua, a un coste mucho menor. No entender esto es vivir de espaldas a la realidad. Otro tema distinto es averiguar si el ajuste inicial fue el adecuado. La sentencia que tumbó el ERE apunta a que los afectados se eligieron a dedo. De hecho, se salvó a toda la dirección de la cadena y de los sindicatos. Es decir, que en la nueva oleada de despidos hay mucho enchufado político. Aunque sea una decisión dolorosa, que deja a 1.300 compañeros en la calle, es acertada. Algo similar ocurrió en la Corporación Mondragón. Su comité ejecutivo, en el que están representadas sus casi 300 entidades, negó como Judas en la última cena el desembolso de un céntimo más para Fagor. La decisión puede parecer comprensible, teniendo en cuenta que ya habían desembolsado 70 millones sin resultado alguno. Pero abre las puertas del averno. Como informó ayer elEconomista, tanto el Gobierno vasco como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) estaban dispuestos a abrir sendas líneas en créditos blandos para su liquidación ordenada a cambio de que el grupo cooperativo realizara un último esfuerzo de 40 millones de euros. El panorama ahora es complejo, porque el impago cerrará el crédito al resto del grupo. A medio plazo, se teme un efecto dominó sobre Eroski, que acaba de refinanciar parte de una deuda de 2.500 millones y, sobre todo, en Caja Laboral, que sufre una retirada de depósitos masiva. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, advirtió a sus responsables de las consecuencias. Resulta paradójico que el grupo cooperativo, puesto como modelo de integración en todo el mundo, salte por los aires por culpa de la insolidaridad entre sus miembros. En el fondo subyace la lucha de clases y la pugna política entre los cooperativistas, pertenecientes en su mayoría a Bildu, que no están dispuestos a soltar un euro para sufragar las decisiones erróneas de las cúpulas directivas, afines al PNV. El problema es que no habrá vencedores y vencidos. Todos pueden acabar arrasados. Una suerte parecida le espera a José María Roldán, a la sazón candidato para presidir la Asociación Española de la Banca (AEB). El ministro de Economía, Luis de Guindos, empeñado en cerrar con la troika los términos que supondrán el fin del rescate bancario antes de fin de año, insiste en que el nombramiento de Roldán puede arruinar su estrategia. La troika le exigió, al parecer, su sustitución al frente de la dirección de Regulación del Banco España, como responsable del desastre de las fusiones entre las cajas de ahorros españolas. Guindos así se lo explicó a Emilio Botín esta semana, en un breve encuentro celebrado en la sede del Santander. Desde el entorno de Roldán se alega que la justificación del ministro es falsa. En realidad, las rencillas hacia el directivo vienen de atrás, según éste. Guindos estaría molesto porque colaboró con el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en el plan de salvamento de Bankia. Al frente de la entidad se encontraba en esos momentos el exvicepresidente Rodrigo Rato. Roldán fue jefe de gabinete del exdirector gerente del FMI, que lo colocó en el Banco de España. Como se sabe, el actual ministro de Economía abortó el plan de Ordóñez y Rato y abocó la entidad a la intervención y luego propició su saneamiento mediante la inyección de 22.500 millones. Sea como fuere, no creo que la banca pueda vivir de espaldas al ministro que la regula. La patronal bancaria se niega, de momento, a dar su brazo a torcer, aunque pocos dudan de que acabará designando a otro. Como le gusta decir a Rajoy, "vivo en el lío". Pues eso nos pasa a todos.