L a rapidez en la apreciación del cambio y en sus implicaciones es una de las necesidades impuestas para mantener la posición, sea la personal, la empresarial o la del país. A mediados de la pasada década, la economía española estaba en el cenit de la economía financiera, de la construcción, de la recepción de inmigrantes, de la renta per cápita… Las administraciones se endeudaban para hacerse más grandes, aumentar su presencia, construir edificios, promover eventos, fiestas, etc. Un lustro antes, España había logrado entrar en la UE. Pocas personas recuerdan las diferencias que había entonces entre las empresas españolas y las del resto de Europa. La gran diferencia estaba en que las españolas apenas tenían apalancamiento financiero, de modo que la expansión estaba asociada a la parte de ganancias que se incorporaba al capital de la empresa y, siendo estas pequeñas, el crecimiento era lento. Por otra parte, la carga fiscal estaba entre las más elevadas del mundo (en Europa, sólo Bélgica y Francia estaban por encima), la contratación laboral tenía una presunción de continuidad y la representación sindical tenía un fuerte ascendiente en las cuestiones laborales. La arrogancia siempre es mala e infundada, pero es aún peor cuando trata de persistir a toda costa. Cuando la recaudación no llegaba para pagar los dislates se pudo optar por aumentar los impuestos o endeudarse. Como lo primero es impopular y lo segundo, aunque requiere pagar los intereses, no es tan visible y sobre todo, se pagará más tarde y le correspondería a otros, se optó por esa segunda vía. El resultado es una deuda agregada que supera varias veces el PIB y que pesará sobre el país durante años. En lo inmediato se han tomado decisiones importantes, como, la reducción de empleos en las administraciones públicas y el aumento de impuestos, pero que reducen la capacidad de demanda interna y ha empujado a cientos de empresas a entrar en concursos de acreedores... de los que muchas no podrán salir. Las nuevas normas laborales facilitan la contratación, son adecuadas para las empresas que se mantienen y lo serán más cuando se vuelva al crecimiento. La noticia, buena y reiterada, es la exportación, que ronda el valor de la importación. Hay razones para suponer que se mantenga esta política de oferta que es tan sencilla como producir, vender, cobrar y volver a producir, haciéndolo mejor y buscando más clientes. El logro de igualar el valor de las ventas con el de las compras es inédito en España y, en la actualidad, no se consigue en buena parte de Europa. La buena noticia se ha conseguido gracias a que se han bajado algunos costes de producción como la reducción del absentismo laboral que era el más alto de Europa al tiempo que la población española tenía -y mantiene- una esperanza de vida que es la segunda del mundo, junto a Suiza y tras Japón, pero aún debe bajar más para poder acceder a nuevos mercados. La salida exige una reducción drástica de la duplicación de exigencias impuestas por las administraciones públicas, desde las locales hasta las centrales. La simplificación de trámites, la eliminación de exigencias innecesarias, la premura en las resoluciones y la vuelta a un mercado único donde una acreditación sirva para todo el país está en proceso. La acumulación de normas requiere la igualdad en todas las Comunidades Autónomas. Esto supondría que, las que no rigen en todo el Estado podrían, si fueran relevantes, asumirse por todas las otras o desaparecer. Asimismo, las acreditaciones de una parte servirían para toda la nación y el proceso continuaría eliminando los elementos de arbitrariedad que subsisten. Las Administraciones Públicas (AAPP) deben asumir -más que la población- que el país es pobre, endeudado y apremiado. Las empresas públicas que pertenecen a una o varias entidades, deberían evidenciar las razones que justifican su existencia. Las entidades interpuestas entre Diputaciones y Ayuntamientos deberían eliminarse. Convendría que una delegación técnica de la Comunidad Europea emitiera una evaluación del número idóneo de las diferentes AAPP para la España actual. En cualquier país su producción está anclada en el mercado interior. En España, la conjunción de la mayor tasa de paro del mundo, con una de las más altas cargas fiscales, llevan a la economía oculta y el fraude fiscal. La mayor parte de los contribuyentes soportan un lastre que debe de reducirse tan pronto y tan drásticamente como sea posible sin cuestionar el pago de la deuda que, por otra parte, sería tanto menor cuanto antes se retorne a la plena actividad económica y la eliminación del paro.