El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma energética. Se trata de un ajuste duro, pero necesario que pone fin al déficit de tarifa de 4.500 millones que se genera cada año. Se evita así que siga engordando el endeudamiento de 26.000 millones, generado en ejercicios anteriores y que incrementa la deuda pública. La reforma representa un paso importante para adecuar el precio final del servicio a su coste de producción. El ajuste se distribuye equitativamente entre las compañías del sector y los usuarios. La bolsa reaccionó ayer con importantes bajadas en la cotización de las eléctricas y de las renovables, ante el anuncio de que las compañías cargarán con el 60 por ciento del ajuste. El 40 por ciento restante se divide entre usuarios -con subidas en la tarifa que se inician en agosto con un 3,2 por ciento- y los contribuyentes, al incluir una partida de 900 millones en los presupuestos del Estado. Una novedad importante de la reforma es que introduce mecanismos de estabilización que obligan a subir la luz mientras haya déficit e impiden a este Gobierno y los sucesivos caer en la tentación de bajar tarifas en periodos electorales. También introduce mecanismos de mercado y acaba con las primas de las renovables. Parece que asistimos al fin de una época de excesos que conformaron un modelo, cuya falta de eficacia se puso de manifiesto con el estallido de la crisis. Probablemente se produzcan desinversiones, pero es que tenemos un 20 por ciento más de capacidad energética de la que necesitamos, sin que ello sirva ni para bajar los precios que pagan los usuarios ni para controlar el déficit. Este es el objetivo que se propone la reforma y tiene visos de que servirá para a tapar el agujero eléctrico.