E n los últimos tiempos no se respiran muchos aires de libertad económica. Durante los periodos de crisis se aprovecha la ocasión para introducir nuevas regulaciones en los mercados de bienes y servicios. Muchos responsables políticos tienen la sensación de que, sin libertad, las actividades económicas funcionan mejor, son más eficientes y contribuyen a mejorar el bienestar social. Es obvio que llevan la discusión al territorio de la ausencia de evidencia empírica pues un simple análisis permite demostrar que sucede, justamente, lo contrario. Pero toda regla tiene su excepción. Y ésta ha emergido, súbitamente, en la presentación, en una universidad y por un funcionario del Ministerio de Industria, de un documento sobre la contribución de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a la seguridad vial. En la rueda de prensa correspondiente, el funcionario ha sostenido que se pretende abrir la posibilidad de que concesionarios de automóviles y talleres de reparación puedan ejercer las funciones reservadas -con carácter, prácticamente, de monopolio en muchos lugares- a las estaciones de ITV concesionarias. La intervención autonómica es, en muchos territorios, la responsable de la falta de libertad. El asunto, loable, no estará exento de dificultades. Dejando aparte los derechos concesionales, surgirán voces alertando de los presuntos males de la liberalización. Unos hablarán de que los talleres de reparación y concesionarios no pueden ser juez y parte. Otros harán referencia a los intereses públicos en juego. También se alegará que no habrá mejoras desde el punto de vista de la seguridad. Y así sucesivamente. Sin embargo, todos estos argumentos son epidérmicos, falaces y no pueden ser demostrados de forma inequívoca. Encubren, exclusivamente, un deseo de búsqueda de rentas y de proceder a la eliminación de la competencia antes de que ésta nazca. Debe quedar claro que si la regulación se articula eficientemente, con las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, los intereses públicos quedarán perfectamente protegidos. Lo que realmente sucederá es una pérdida de rentas por los incumbentes (actuales titulares de los derechos concesionales de las estaciones de ITV) en beneficio de los nuevos entrantes (concesionarios de automóviles y talleres de reparación) y, sobre todo, de los propietarios de vehículos que, en muchos casos, se ahorrarán los costes derivados de tener que circular muchos kilómetros para llevar a cabo la obligación de revisar sus vehículos, amén de beneficiarse de los efectos de la competencia, como puede comprobarse si se analizan los precios en distintos lugares del solar español. No debe olvidarse que, según algunas fuentes, la facturación del negocio supera los 360 millones de euros anuales. La gestión de la ITV puede ser pública o privada. La gestión pública puede ejercerse directamente por funcionarios o mediante empresas públicas. En Europa no se ha optado por el modelo de gestión exclusivamente público. En relación con la gestión privada, cabe el modelo de concesión y el de autorización. Desde el punto de vista de la eficiencia y de la defensa de los intereses públicos y privados, la mejor opción es la gestión privada, en competencia, mediante autorización, debidamente regulada, otorgada por la administración competente. En este marco, la libertad de precios y la transparencia son esenciales. Con un mercado intervenido, el precio no es el resultado de la oferta y la demanda y puede serlo de un proceso de captura del regulador. En Cataluña, por ejemplo, el asunto de las ITV ha adquirido dimensiones complejas que han salpicado, con distintas tonalidades, a todos los poderes. Un examen del panorama contribuye a dar la sensación de que la ITV tiene lugar en una suerte de mercado de Agramante. No se han tomado en consideración, como parece ser la norma, las atinadas recomendaciones de la Autoridad Catalana de la Competencia en el sentido, por ejemplo, de eliminar cualquier tentación de establecer númerus clausus, cuotas de mercado máximas, o barreras de entrada que perjudican a los operadores de pequeña dimensión. Tales recomendaciones, de llevarse a cabo, hubieran contribuido a modernizar la actividad. Pero detrás de todas estas cuestiones hay otra no menos importante: además de las ganancias de eficiencia, la competencia contribuye a incrementar la transparencia del mercado. Y ya se sabe, a mayor transparencia, menor riesgo de corrupción. Lo que no es baladí en los tiempos que corren.