E l Comité de Basilea de Supervisión Bancaria señala que cada veinte años se produce una crisis bancaria con un coste (a su valor presente actualizado) que asciende al 60 por ciento del PIB del país en cuestión. En Chipre no hay razones para esperar un desenlace diferente. La crisis del sector bancario chipriota estalla en el momento en que el BCE rehusa los activos financieros, cada vez más problemáticos, del Banco Central chipriota como garantía para continuar prestando liquidez a una banca carcomida por una política crediticia irresponsable, incapaz de recobrar sus inversiones. Una situación que, en primer lugar, genera problemas de liquidez -no hay dinero para cubrir las crecientes retiradas de depósitos- y luego de solvencia. Un sistema bancario insolvente e hipertrofiado, alimentado con capitales de "fortuna", es susceptible a una fuga masiva de capitales a la primera sospecha de que ese barco hace aguas. El desenlace lo avanzó con clarividencia el profesor Peter M. Garber, en su estudio "The Mechanics of Intra-European Flight" en diciembre 2012, donde nos alerta que en un régimen rígido de moneda única como el euro y ante la imposibilidad de devaluar oficialmente la moneda, en el caso de una fuga de depósitos la única variable que puede absorber esa pérdida de recursos son los depósitos bancarios domésticos. Eso es lo que ha pasado en Chipre donde hemos asistido atónitos a una disimulada tentativa de devaluación del euro-chipriota. No fue torpeza por parte de la Troika que se propusiera un recorte del 6,75 por ciento a todos los depositantes y un 9,9 por ciento a aquellos cuyos depósitos superaran los 100.000 euros. Lo que hubo fue una ocultación del verdadero significado y alcance de la propuesta original. Devaluación de facto es el término que mejor cuadra a ese conjunto de medidas confiscatorias que se intentó aplicar a los depósitos de los ciudadanos con el fin de reunir esos 5.800 millones que la UE exigía como condición previa antes de contribuir con €10.000 millones. Una devaluación es el artificio que se emplea para reducir el poder adquisitivo de la población manteniendo la ilusión de que su riqueza nominal no ha cambiado, la forma sutil en que se actúa tradicionalmente cuando conviven diferentes monedas; pero cuando esto deja de ser posible bajo el régimen de moneda única, no hay otro recurso que meter directamente la mano en el bolsillo del ciudadano para in- cautar una parte de sus depósitos. Y como este estado de cosas, dada la configuración actual del euro, parece que no tiene remedio, va siendo hora de que el ciudadano exija de una vez por todas la división estanca y aséptica entre la banca minorista en la que depositamos nuestros ahorros y que todos utilizamos para nuestros cobros y pagos, y esa otra banca de inversión conocida como Investment banking, que se nutre con fondos de inversores institucionales que cuentan con medios y capacidad para entender y evaluar los riesgos en que incurren. En el Reino Unido, la Comisión Vickers, presidida por Sir John Vickers, antiguo economista jefe del Banco de Inglaterra, ha propuesto una separación entre ambas clases de bancos. Una banca doméstica y domesticada, bien capitalizada, poco apalancada, al servicio de quienes prefieran la seguridad de su patrimonio por encima de la rentabilidad, y otra de carácter más especulativo cuyo fin sea maximizar la rentabilidad de sus depositantes. Como era de esperar en Europa se han cansado de estar apuntalando mediante transferencias fiscales financiadas por sus contribuyentes el continuo goteo de bancos en quiebra; y lo que es peor, incluso aunque quisieran, tampoco disponen de recursos suficientes para cubrir todos los agujeros que nos puede ir deparando un sector financiero mal regulado y peor gestionado por los gobiernos y por ese ineficaz aparato escasamente democrático de Bruselas. Y no dejemos que nos "coman el coco" y echemos una vez más todas las culpas a Alemania. La ayuda de €10.000 millones que la UE ha comprometido con Chipre nos va a costar a los españoles€1.200 millones. Una aportación que será a costa de aún más recortes en nuestras prestaciones sociales y que pesará como una losa sobre nuestro déficit.