Pescanova ha dado un paso firme hacia la insolvencia no auditada, después de un prolongado enfrentamiento con la banca acreedora, los auditores, los accionistas de referencia y la propia CNMV. Se trata de una situación atípica en la historia empresarial del país, que finalmente ha derivado en concurso voluntario ante su incapacidad de alcanzar un acuerdo con los acreedores. Fuentes bancarias apuntan a que tras la negativa a detallar las cuentas se esconden operaciones fantasma, algunas llevadas a cabo en paraísos fiscales con una red de empresas montada en Namibia, Argentina y Uruguay, destinadas a obtener financiación y desviar dinero. Una tela de araña difícil de explicar en la que finalmente ha quedado atrapada la propia empresa gallega, que horas antes de cumplirse el plazo dado por la CNMV acabó por remitir los resultados del ejercicio 2012. Eso sí, sin haber recibido el aval por parte del auditor. Culpar a la firma BDO y a los bancos acreedores de todo el desaguisado es una huida hacia ninguna parte, que con toda seguridad acabará en los tribunales de justicia. La Xunta, consciente del peso que Pescanova aporta a la economía gallega, sigue intentando desatascar la ayuda financiera, con repetidas llamadas de auxilio que le pueden acabar pasando factura, al igual que ya le sucedió con Novagalicia. El Gobierno de Feijóo, además, debe tener cuidado para no salir trasquilado por las ayudas y préstamos concedidos a Pescanova, cuyo destino no ha sido justificado. Con una deuda de 2.700 millones y liquidez para sólo 30 días, el futuro del gigante de los congelados pasa por auditar sus cuentas, alcanzar un acuerdo con los acreedores, introducir cambios en el equipo gestor y dar entrada a nuevos accionistas.