U n reciente estudio estimaba en unos 250 millones de euros la factura anual de seguros que las distintas Administraciones Públicas contratan en España. Este dato resulta muy significativo en un momento en el que las exigencias de cumplimiento de déficit están obligando a nuestro sector público a abordar ajustes importantes en partidas en ocasiones muy sensibles para el ciudadano. Por tanto, es crucial analizar si existen herramientas para rebajar la factura de seguros y si esto puede hacerse preservando la máxima cobertura para la Administración. Lo primero que hay que tener claro es que el coste de un seguro no es sólo la prima que pagamos a la aseguradora. Hay que sumar, por ejemplo, el importe de las franquicias soportadas, los gastos que origina gestionar la póliza de una manera u otra, o la tramitación de los siniestros. Estos tres factores son claves al elegir entre una póliza u otra. Por otro lado, el seguro es en estos momentos un instrumento de estabilidad presupuestaria imprescindible. La situación financiera de algunas Administraciones podría suponer un grave problema si tuviera que afrontar una contingencia de cierta importancia, por ejemplo el derrumbamiento de un edificio público. Transfiriendo el riesgo a una póliza de seguros garantizamos disponer de los fondos necesarios para su reconstrucción. De esta forma transformamos un riesgo incierto y de una posible cuantía significativa, en un coste cierto y de cuantía reducida: la prima de seguro. Cabe por tanto aplicar también a los programas de seguros los planes de reducción de gastos que se están llevando a cabo en ayuntamientos, comunidades autónomas o ministerios. Pero ¿cómo? Primero hay que realizar un inventario de los contratos de seguros y un análisis de sus coberturas y coste. Así podremos detectar aspectos que no mejoran nuestra protección pero sí incrementan el coste. A modo de guía se puede realizar un simple esquema atendiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué se necesita asegurar? (Edificios). ¿De qué se necesita protegerlo? (Incendio). ¿Cuánto vale lo que se necesita proteger? ¿Cuál es el coste de protegerlo? Cada Administración debe diseñar una política de riesgos adaptada a sus necesidades, coordinada con las distintas áreas de gobierno y organismos dependientes, lo que permitirá homogeneizar y concentrar el número de seguros y, por ende, mejorar su precio. En segunda instancia, se deben revisar las condiciones negociadas con las compañías aseguradoras en los contratos actualmente en vigor. Con los límites que permitan la Ley de Contrato del Sector Público y los pliegos que sirvieron para la contratación, cabe estudiar la mejora de las primas de los seguros negociando con cada una de las compañías de seguros de manera individualizada. Se debe realizar un estudio de la siniestralidad de cada póliza y de qué condiciones de seguros son realmente necesarias, para proponer a las aseguradoras un ajuste en los costes siempre que sea posible. Como tercera recomendación, se entiende como fundamental la revisión de los pliegos de contratación. En nuestra experiencia, hemos analizado 624 pliegos desde el año 2000, existen aspectos que pueden ser mejorados. Entre los más habituales encontramos: la falta de flexibilidad en los términos y condiciones a ofertar, la ausencia o poca calidad de los datos de siniestralidad de la póliza y la información insuficiente sobre el riesgo que se pretende asegurar. En todo este proceso el asesoramiento es clave. Los corredores de seguros especialistas cuentan con profesionales con formación específica tanto en normativa del sector público como en la problemática de su aseguramiento y son capaces no sólo de buscar la mejor oferta en el mercado asegurador, sino también de realizar un asesoramiento que aporte valor en el diseño, preparación, adjudicación y posterior gestión los programas de seguros. La crisis financiera ha llevado a las administraciones a una situación complicada. No obstante, esta complejidad también puede traducirse en oportunidades si se cuenta con el asesoramiento de un corredor especializado.