L a continua sucesión de reformas de la Ley Concursal no acaba. A la tercera no va vencida. Nuevamente son los jueces mercantiles quienes se ven obligados a interpretar y rellenar los puntos oscuros y las lagunas que se encuentran a diario. Y no se trata de pequeñas correcciones sino de asuntos de profundo calado en el que todos los encartados se juegan muchos miles de euros. Es el caso de las garantías reales entre empresas del mismo grupo, por ejemplo. Los jueces interpretan que existe interés de grupo y así salvan el problema, al decidir que no se trata de una liberalidad y, que, por tanto, no afecta a la masa. Lo mismo ocurre en otros aspectos de la Ley, como en el ámbito laboral, donde se ven afectados los ingresos de los trabajadores. El peso que nuevamente tienen que soportar los jueces lleva a pensar en una irremediable nueva reforma, pero en esta ocasión se debería hacer con tranquilidad, escuchando a quienes toman las decisiones y evitar las limitaciones por intereses corporativos. La seguridad jurídica está en juego.