Muchas empresas que han superado los primeros años de la crisis con una estructura adecuada y unas cuentas saneadas han empezado a tener problemas debido, entre otras circunstancias, al quebranto de tesorería por la demora en el pago de los servicios que dan a comunidades autónomas y ayuntamientos. El Gobierno se propone abrir una línea de crédito del ICO de 15.000 millones a once meses, para que las Administraciones Públicas salden deudas con sus proveedores. Este dinero sólo se podrá destinar al abono de facturas pendientes con empresas. El problema es que ya hay líneas similares y no han funcionado debido a unos plazos demasiado cortos y unos intereses muy caros. De la letra pequeña dependerá el éxito o el fracaso de la medida.