Patronal y sindicatos están acercando posturas y podrían llegar a suscribir algunos acuerdos que presentar al nuevo Gobierno. El hecho de que por fin haya un Ejecutivo dispuesto a legislar por su cuenta y riesgo obliga a estos agentes a aplicarse en la reforma laboral. Aunque no todos lo hagan por igual, pues se vislumbran diferencias entre la actitud de una UGT entregada a la política y que probablemente quiera prepararse para la oposición y una CCOO más independiente y dialogante. Los interlocutores sociales podrían suscribir que se acabe la prórroga automática de los convenios colectivos, a cambio de que en esos casos se recurra a un arbitraje. Este punto era uno de los elementos de rigidez en las empresas, ya que cuando no había un pacto seguía en vigor el convenio y, por lo tanto, no había incentivo para firmar uno nuevo. Ésta ha sido una de las fuerzas de los sindicatos y por ello habrá que examinar la letra pequeña. También se discute que los salarios se vinculen a la productividad y dejen de ligarse al IPC. En este sentido, lo más importante es que de verdad se introduzca tal principio en la cultura, pues los negociadores particulares siempre se lo pueden saltar. Y otra área de gran importancia que se debate es la rebaja del coste del despido para las nuevas contrataciones hasta los 20 días de indemnización por año, una cifra más racional y que lastraría menos a las compañías en esta coyuntura. Respecto a las propuesta de minitrabajos, éstos podrían complementarse con aportaciones del paro para que no resulten tan precarios. En definitiva, se dan pasos en la buena dirección, pero aún se está lejos de la reforma que se precisa.