x Ex presidente de Red Eléctrica.L as recientes medidas adoptadas por el Gobierno con el pretendido objeto de ahorro energético no son tales. Se trata de medidas precipitadas, mal enfocadas y con efectos nulos o negativos. Veamos algunos hechos relevantes. El alumbrado público. Las cifras que se han dado sobre el coste del cambio de alumbrado público en toda España y el período de recuperación de la inversión van desde los 1.200 hasta los 3.000 millones de euros, más cerca de esta última, probablemente. A partir de datos concretos de algún municipio que ya ha acometido el cambio, parece que la inversión se recupera en unos seis años, con financiación a los tipos de interés actuales. Como los tipos muestran una evolución claramente alcista, los períodos de recuperación de la inversión serán más largos, del orden de ocho años. Pero hay que contar con otros dos hechos. El primero, que en muchos casos, una luminaria no es sólo un elemento técnico, sino también ornamental, lo que cobra importancia en zonas monumentales o turísticas, máxime en un país como España, lo que significa costes medios de luminarias superiores a los que resultan de un cálculo simplista basado en precios estándar. Así pues, el gasto será importante, con un período de recuperación de entre ocho y diez años, en una situación financiera de los municipios -y éste es el segundo hecho- muy difícil. Así que, aunque se habilite una línea de créditos ICO, son muchos los municipios que no podrán acometer semejante gasto en los próximos años, por restricciones presupuestarias o por simple prudencia de gestión. El voluntarismo del Gobierno al hablar de cinco años para el cambio de alumbrado en toda España es evidente, y el objetivo, sencillamente inviable. El nuevo límite de velocidad. Nuestro mundo se basa en la movilidad. Ponerle trabas es un recorte a la libertad individual, pero además afecta negativamente a la productividad de la economía. Me remito a la excelente explicación de Lorenzo Bernaldo de Quirós en estas mismas páginas (Los costes económicos de limitar la velocidad, 3 de marzo de 2011). Sólo añadiré que los cálculos del Ejecutivo sobre el posible ahorro están viciados, porque parecen basarse sobre velocidades de todos los vehículos, y no sobre el número de los que se mueven en autopista a más de 110 km/h, que no son todos. El ahorro, si lo hay, será insignificante, pero además se verá compensado con creces por el coste de la menor productividad debida a la mayor duración de los viajes. La reducción del límite de velocidad a 110 es impresentable, cuando en los mismos días el Gobierno holandés lo elevaba a 130 y el británico anunciaba que va a estudiar una medida similar. Y se trata de países en los que la densidad de automóviles y de tráfico es muy superior a la nuestra, y tan dependientes como España del suministro de petróleo exterior. El verdadero ahorro. Si de verdad se busca el ahorro de energía -que debería ser un objetivo permanente de cualquier política energética- hay que plantearlo con realismo. El verdadero ahorro se consigue no con impactos de medidas de brillo mediático momentáneo que si consiguen algún efecto es pasajero y mínimo, sino con medidas estructurales que, en general, consiguen efectos a largo plazo, ahorros permanentes, para siempre. Por otra parte, no se puede dejar que los problemas se hagan crónicos y luego adoptar medidas que se presentan siempre como urgentes. Esto es sólo una táctica para eludir el debate sobre asuntos de interés común, presentarse ante la sociedad como salvador resolviendo un problema que uno mismo ha creado o ha dejado que crezca hasta límites intolerables y conseguir otros objetivos distintos de los oficialmente pretendidos. El permanente abuso de la legislación de urgencia ha sido, en estos últimos años, una puerta abierta a la inseguridad jurídica y a errores cuyo coste pagamos todos, y acaba deslegitimando a quien comete el abuso. No todo es urgente, como parece pretender este Gobierno. Y lo que hoy es urgente, lo es porque antes no se quiso actuar a tiempo. Las decisiones poco o nada meditadas, adoptadas sin escuchar a nadie, sólo conducen a errores… que más adelante se pretenderán corregir cometiendo otros mayores y más costosos. El verdadero ahorro en la carretera se conseguirá con: a) mejores carreteras, reformando con urgencia las autovías de primera generación, inseguras y de conducción difícil, b) eliminando los aún nume- rosos puntos negros de las carreteras, c) fomentando en los municipios la eliminación de obstáculos a la circulación rodada -como el estacionamiento en segunda fila- que originan atascos y mayor consumo de carburantes, d) una política eficaz de fomento del transporte de mercancías por ferrocarril, que reduzca drásticamente -a largo plazo- el peso del transporte por carretera, con un ahorro permanente, e) una mejor enseñanza de la conducción, f) con un parque automovilístico renovado (esto último más difícil en plena crisis económica). Y en otros terrenos, con medidas también estructurales: fomento de la calidad de la edificación, sistemas de gestión de la energía, y tantas otras bien conocidas y poco desarrolladas. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles podrían, y deberían, proporcionar curvas detalladas de consumo de los vehículos que venden. Las autoescuelas deberían enseñar a conducir de verdad, y a ahorrar combustible, no sólo a manejar un vehículo. La libertad. Por último, una consideración elemental. Este Ejecutivo ha demostrado que sólo sabe gobernar a base de prohibiciones e imposiciones, ninguna de las cuales contempla ni de lejos la posibilidad de informar, recomendar y educar. Lo cual revela una profunda desconfianza de las personas, de su libertad y de su responsabilidad y la creencia en que sólo el Gobierno y su partido saben -mejor que nosotros- lo que nos conviene. Un tal señor Iglesias acaba de decir que la libertad y la velocidad no tienen nada que ver. Pues vaya si tienen que ver.