El Instituto Nacional de Estadística (INE) le ha dado la razón finalmente a la Comunidad de Madrid e incluirá casi 100.000 inmigrantes que habían quedado fuera del registro de residentes. El INE había argumentado un tecnicismo para omitir la presencia de éstos en el censo. Según el órgano que confecciona las estadísticas, una reforma de la Ley de Extranjería que entró en vigor en 2003 le exigía excluir del Padrón a todos los extranjeros extracomunitarios que no hubieran renovado su certificado de empadronamiento en los últimos dos años. Esta medida responde a la voluntad de renovar fielmente el registro, ya que la población inmigrante presenta un alto grado de movilidad y se muda con frecuencia de una ciudad a otra, o incluso vuelven a sus países de origen. Si el INE se hubiese aferrado a esta exigencia, habría actuado contra el espíritu del reglamento, que precisamente persigue una mayor exactitud en la recogida de estos datos. Ha hecho bien, pues, el INE en rectificar y conceder una prórroga para que el Ayuntamiento de Madrid tuviera más tiempo para empadronar a los residentes extranjeros. Gracias a esta decisión del INE de retrasar el plazo de elaboración del registro, el Ayuntamiento ha tenido tiempo para lanzarse a buscar los inmigrantes que le faltaban, e impulsar una campaña de empadronamiento. Por tanto, el Ayuntamiento ha sido también responsable de este desfase, ya que siempre debe garantizar que todos sus habitantes queden inscritos. Había mucho dinero en juego: el Gobierno regional perdía 200 millones de euros de la financiación autonómica. El Ayuntamiento, las ayudas a la inmigración. Es muy positivo que haya primado el sentido común.