El Gobierno va a sacrificar algún aspecto de su reforma laboral en el reglamento de los Expedientes de Regulación de Empleo que aprueba hoy el Consejo de Ministros. Una forma de aflojar tensiones con los sindicatos, habida cuenta de que UGT y CCOO en última instancia retirarán su resistencia al retraso de la jubilación a los 67 años. La rebaja se concreta en un endurecimiento de las causas económicas para el despido con 20 días por año trabajado. Si bien la modificación del marco laboral de 2010 admitía como pérdidas económicas alegables para esa figura incluso las futuras y meramente previstas, la normativa que sale hoy de Moncloa limita la admisión de la proyección de pérdidas a aquellas que no revistan carácter coyuntural. Además, se complican los trámites exigidos para acreditar las cifras estimadas por la compañía, algo que hace inaccesible para muchas pymes la posibilidad de un ERE más ágil y menos gravoso. El Gobierno no debe ceder en las medidas que aborda. La reformita de 2010 se quedó corta y lo sabe. Prueba de ello es que en 2011 acometerá otra remodelación del mercado de trabajo. Los sindicatos están débiles y renuncian a una huelga general porque en el fondo saben que su poder de convocatoria ha caído en picado. Por tanto, no es el momento de arredrarse ante ellos, máxime en cuestiones clave para impulsar la actividad y retomar el crecimiento como las relativas al ámbito laboral o de pensiones, con impacto en las cuentas públicas. Zapatero manifestó el lunes su voluntad de ignorar la ausencia de consenso a la hora de implantar las medidas precisas, y las cesiones ante las organizaciones sindicales sobran en este escenario.