El reciente caso del Alcalde de Mijas (Málaga) ha vuelto a subrayar una de las lagunas jurídicas existentes en la legislación española: la ausencia de topes a los salarios de los alcaldes. Con una población fija de 55.000 habitantes, el socialista Agustín Moreno aprovechó este vacío legal para aprobar una subida de su sueldo hasta los 126.00 euros al año, colocándose como el cargo electo mejor pagado de España, por encima de los sueldos del presidente del Gobierno, de los presidentes de Comunidades Autónomas o incluso de los regidores de municipios como Madrid y Barcelona. Se pone de relieve una realidad a todas luces injusta: gracias a que ellos mismos pueden determinar sus salarios, la mayoría de los alcaldes de grandes ciudades cobran más que dirigentes regionales o ministros. Sin embargo, esto tiene ahora visos de cambiar. Con el apoyo de todos los partidos, Izquierda Unida ha presentado una propuesta en el Congreso para rectificar esta situación. De la misma forma que otros cargos tienen sus ingresos regulados, los diputados deben estudiar el establecimiento de un tope salarial en los ayuntamientos con unos criterios bien definidos. Siempre que se dan unas elecciones municipales, a continuación se revela que algún edil se ha regalado un incremento en su paga. Y siempre se producen las mismas llamadas al orden. No es de recibo que un trabajo con una supuesta vocación de servicio público sea cuestionado por estos abusos. El Congreso tiene buena oportunidad para poner fin a estas incongruencias. Sólo así se podrá acabar con el desprestigio que ha salpicado a la política local y atraer a gobernantes que sirvan a los ciudadanos, en lugar de lucrarse con sus impuestos.