La 80 medidas iniciales que el Gobierno vendió como plan de choque contra el cambio climático y el cumplimiento del Protocolo de Kioto, son insuficientes para lograr ese objetivo apenas dos semanas después. Así lo reconoció ayer sin tapujos el ministro de Industria, Joan Clos, para pedir ayuda después a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para cubrir todos los objetivos. Si la mera presentación de un paquete tan ambicioso como grandilocuente había despertado todas las sospechas sobre su falta de coordinación y eficacia, las reacciones y explicaciones posteriores sirven para corroborarlo. Se van a pagar más impuestos por los coches de mayor potencia y se van a gastar más de 2.500 millones de euros de dinero público en ayudas e incentivos de todo tipo, pero sin la seguridad de que todo ello servirá para que España reduzca las emisiones contaminantes dentro de los plazos y los niveles previstos. Ante tanta duda, caben dos opciones: la de que había que apretar todavía más a empresas y ciudadanos, que nadie desea, o la de que se podían haber planteado mejor las cosas. Si en lugar de recoger todas las medidas pendientes de poner en marcha desde hace más de dos años y presentarlas como un paquete a modo de solución, se hubiera planteado una estrategia más clara, al menos los reproches ante un fracaso serían menores. El principio es que quien contamina paga, y quien no pone los remedios para dejar de hacerlo, todavía más. Son acciones selectivas sobre sectores, empresas y colectivos sociales, pero coordinadas y pensadas para que unas ayuden a otras. De lo contrario, lo único que se consigue es lo que ahora ocurre: que antes de poner en marcha el remedio que se ha improvisado, se reconozca el fracaso de que no servirá para paliar la enfermedad de forma realista.