La Ley de Igualdad ha pasado su primera prueba con un aprobado raspado. Como hoy publica elEconomista, tras las últimas elecciones autonómicas y municipales, a pesar de haberse incrementado el número de mujeres en los ayuntamientos -ahora alcanzan las 7.000-, todavía son muy pocas las elegidas para dirigir los consistorios. De las 52 capitales de provincia, el número de regidoras sólo alcanza a una decena, es decir el 19 por ciento de los principales ayuntamientos españoles. Es, por tanto, un resultado más bien modesto que se queda lejos del objetivo que persigue: una distribución más paritaria del poder en los consistorios, un reparto que oscilaría entre el 40 y el 60 por ciento entre hombres y mujeres. Es más, se hace mucho más patente si sólo tenemos en cuenta a los grandes municipios. Con todo, sigue habiendo rotación entre las alcaldesas; cuatro de las que gobernaban capitales de provincia cedieron el puesto el pasado sábado y fueron cinco las que se incorporaron a estas alcaldías. El principio que inspira esta Ley de Igualdad es bueno y legítimo, ya que pretende una compensación, aunque sea a través de la Ley, en el reparto de poderes entre los sexos. No obstante, se ha demostrado que hasta la fecha tiene un recorrido muy corto, tanto cronológico como efectivo que, al final, se queda lejos de la raíz que pretende atacar. Es un primer paso en el camino hacia un mayor equilibrio, algo innegable a la vista de la gran cantidad de mujeres que han entrado en las corporaciones municipales. No obstante, se queda atascada cuando se trata de ascender a la primera línea. ¿Funcionará en el futuro, cuando tenga más recorrido? Es posible, pero de momento y a falta de una mayor definición, parece que es fruto de una campaña política, más que de un deseo real de equilibrar fuerzas.