La banda terrorista ETA ha anunciado el fin del alto el fuego decretado por la organización hace un año y medio. Una tregua falsa que ha servido a los terroristas para reorganizar su estructura, captar a nuevos terroristas, rearmarse, extorsionar, amenazar y, como se puso de manifiesto con el atentado en el aeropuerto de Barajas, seguir asesinando. Pero, entre las más graves consecuencias de este falso proceso, está la irrupción de ANV en las instituciones vascas. Como hoy publica elEconomista, sólo en los 17 ayuntamientos en los que la izquierda abertzale ha logrado mayoría absoluta, los proetarras tendrán opción de gestionar un presupuesto conjunto de 46 millones de euros. Pero, si además sumamos aquellos en los que han ganado por mayoría simple, estaríamos hablando de 126 millones de euros más. Un dinero procedente de las arcas públicas y que ahora servirá específicamente a los objetivos de la izquierda abertzale, a los objetivos de ETA. El azote del terrorismo es, por encima de cualquier otra consideración, una tragedia humana. A lo largo de más de tres décadas de existencia, ETA ha asesinado a más de 1.000 personas. Pero, además, el terrorismo se ha constituido como una fuente de inestabilidad económica tanto para el conjunto de España como para el País Vasco. Además de las deslocalizaciones de empresas autóctonas que han optado por alejarse de las amenazas, de las inversiones incuantificables que se han perdido por el ruido de las pistolas, los atentados terroristas también suponen un freno para el turismo. ETA se ha vuelto a quitar la misma mascara que ha lucido siempre. ¿Servirá este último desplante etarra para que la clase política asuma que, frente a los asesinos, no valen ensoñaciones y sí firmeza, unidad democrática y la aplicación del Estado de Derecho?