El negocio de la reunificación de deuda ha disparado su actividad en España durante los últimos años al calor de unos tipos de interés que han endeudado mucho a las familias. Es un crecimiento rápido que provoca cierto descontrol sobre el desarrollo de la actividad y sobre los actores que participan de ella. Las cifras de empresas del sector oscilan nada menos que entre las 2.000 y las 10.000, unos números que bailan al son de un registro que no existe, lo que de partida crea una cierta inseguridad. El Gobierno debe proteger a los ciudadanos y evitar que sean estafados, y ha reaccionado presentando un anteproyecto de ley para regular esta actividad. El texto basa su actuación en el campo de la transparencia, donde hay ciertos avances. Una de las medidas estrella es la creación de un registro en el que deben estar todas las entidades del sector. Además, tendrán que ser transparentes y facilitar a sus clientes la información relativa a las tarifas y comisiones que va a pagar. En definitiva, estarán más protegidos, aunque es una protección a medias, ya que deja importantes flancos al descubierto. Esta actividad se aprovecha de la debilidad financiera de sus clientes, quienes en ocasiones se ven obligados a aceptar préstamos que después devolverán con comisiones y tipos de interés desorbitados, y que en algún caso han llegado a ser del 120 por ciento. El anteproyecto no toca esta parte de la actividad y, por tanto, no garantiza que se vaya a acabar con la usura. Además, aunque supone un primer paso en la regulación del sector, su eficacia estará fuertemente condicionada al desarrollo normativo en cada una de las Comunidades Autónomas que decidirán, entre otras cosas, si ponen o no su granito de arena en el registro.