La defensa de la libre competencia es una de las bases del sistema mercantil español y europeo, además de una de las grandes conquistas económicas del último siglo. Y garantizar el funcionamiento independiente del órgano que la vigile y garantice es algo que cualquier país avanzado no puede descuidar. Es por ello que el cambio de sistema y regulación que España está preparando para ello, con un órgano único y autónomo, es una oportunidad única para salir del modelo doble que existe, controlado en todo momento por el Poder Ejecutivo. Pero no es alentador ver como algo tan fundamental para cualquier sistema económico se mezcla de nuevo con el cambio de cromos políticos y los acuerdos interesados de los grupos parlamentarios. Tampoco lo es cuando en ese debate no se logra, ni de lejos, que la intervención futuro del Gobierno de turno en los casos que se sometan a análisis quede en todo momento abierta y con grandes sospechas de su posible manejo desde las esferas ministeriales. El director de investigación del futuro organismo lo elige el ministro de Economía y los miembros de la Comisión Nacional de Competencia pasan de cuatro a seis, no tanto para tener un debate más plural, como para que en el examen que debe hacer la Comisión de Economía del Congreso, los politicos tengan posibilidades de colocar a sus candidatos. La rebaja de diez a seis de los criterios que justificarían el "interés general" del Gobierno para decidir en cualquier caso tampoco anima a pensar en una futura Defensa de la Competencia más independiente. La simple vigilancia de la normativa sectorial abre la puerta al Ejecutivo y lo pone por encima de la Comisión de la Competencia. Como todo, habrá que espera a ver cómo funciona, pero las bases con las que nace no son las mejores.