El Consejo de Ministros aprobó ayer los proyectos de ley que modifican el régimen disciplinario de la Guardia Civil y regulan sus derechos y deberes. Así el Gobierno cumple una promesa electoral e intenta dar un barniz más moderno a una institución que arrastra serios anacronismos. Hasta el momento, la Guardia Civil se ha regido por códigos militares. Pero con la nueva normativa, entre las cuestiones más relevantes, se eliminará la posibilidad de que un oficial arreste a un miembro del cuerpo sin que medie instrucción judicial alguna. O que la ausencia del trabajo se considere abandono de servicio, castigado con hasta seis meses de cárcel. Por otra parte, el Gobierno dotará al cuerpo de un marco legislativo para sus asociaciones profesionales. Los tribunales ya habían aceptado la legitimidad de estas agrupaciones, sin embargo, carecían de una ley que explicite su ámbito de actuación: podrán prestar voz a las reivindicaciones del colectivo, aunque no constituirán un sindicato, y por tanto permanecerán vedados derechos como la negociación colectiva o la huelga. Desde 1844, año en el que se fundó la Guardia Civil, nuestro país ha sufrido una intensa transformación social, económica y política. Así, las propias actividades y naturaleza de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han ido evolucionando conforme a las nueva realidad que iba surgiendo. Y la Guardia Civil no ha quedado al margen. Aunque respetando su naturaleza castrense, la Benemérita se ha orientado hacia labores policiales de ámbito nacional. Y, en ese sentido, parece razonable que sus miembros puedan disfrutar de derechos similares a los de sus homólogos en otros cuerpos. Dotar de voz a sus integrantes es una medida que sólo puede contribuir a mejorar la realidad de esta institución.