C omo consecuencia de la crisis, en el último año se ha producido una importante contracción de la demanda de electricidad lo que, unido al desarrollo de otras tecnologías de producción, en particular las renovables, mucho más atractivas por la cantidad de subvenciones que reciben, ha ocasionado una fuerte reducción de la demanda de carbón nacional para la producción de energía eléctrica. Y esto ha ido generando un importante excedente de carbón nacional que no puede ser absorbido por los productores de energía. El Ministerio de Industria ha venido manejando opciones destinadas a fomentar el almacenamiento o consumo del carbón autóctono por parte de las empresas eléctricas. Una de las opciones consistiría en el pago de una cantidad fija a las eléctricas que generaran una cierta cantidad de electricidad con carbón autóctono, el coste de esta operación ha sido estimado por dicho Ministerio en 170 millones de euros, lo que llevaría aparejado un incremento de la tarifa eléctrica en un 1,7 por ciento. Otra opción consistiría en conceder una serie de ayudas (ampliatorias de las ya existentes) al almacenamiento del carbón por parte de las propias compañías eléctricas, con la finalidad compensatoria de parte de los costes de adquisición de un combustible que no iban a consumir en el corto plazo. El pasado día 31 de julio, el Consejo de Ministros acordó que el excedente de carbón no consumido fuese comprado y almacenado por Hunosa hasta que se produjera una recuperación de la demanda de carbón autóctono y pudieran revenderse esos stocks. En ese momento se estimaba que el coste de la compra de carbón sería de 600 millones de euros, a los que habría que sumar distintos costes adicionales en concepto de mermas, almacenamiento, costes de oportunidad, etcétera. Dinero que podría ser recuperado, total o parcialmente, con la reventa de carbón. Tal acontecer ha causado un revuelo notorio, tanto en los medios de comunicación como, lo que es más importante, en el sector eléctrico. Prima facie deviene inviable que Hunosa rentabilice el carbón adquirido mediante reventas en el mercado nacional, ni su colocación en mercados internacionales por razones obvias, debido al escaso atractivo del producto en relación con otras producciones extranjeras (Polonia, Sudáfrica, Rusia, etc.) más competitivas en precio, calidad y energía; sin olvidar la puesta en escena de recursos públicos, tendentes a sostener esta situación. Sentado el anterior campo de juego, parece necesario acotar sucintamente una serie de consideraciones o implicaciones a tener en cuenta: 1) La económica-laboral. Según la totalidad de las fuentes estadísticas consultadas, 8.000 es el número de mineros del carbón en activo en España. El sueldo medio bruto anual de un trabajador veterano oscila entre 35.000 y 38.000 euros. Del monto de 1.634 millones de euros que este año llegará a las cuencas mineras, el 20 por ciento es el porcentaje que se llevarían los mineros; 1.354 millones de euros en ayudas son gestionados por los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, y van a parar a las empresas mineras y eléctricas. 2) Las económico-competenciales. El apoyo del Gobierno a la minería del carbón (si ello fuere de interés nacional) "debe hacerse con respeto a las reglas del mercado, pagando los costes y respetando las otras tecnologías que exigen inversiones a largo plazo". Así, las medidas para acabar con el colapso del carbón nacional costarán 750 millones de euros al año; alterarán los precios eléctricos y castigarán los ciclos combinados. Aunque se busque que "el impacto económico sea el menor posible", las medidas propuestas alterarán necesariamente los precios del mercado eléctrico; la retirada forzosa de otras centrales, económicamente más eficientes, encarecerá el sistema eléctrico, y ello independientemente de los daños medioambientales. La medida que supone el funcionamiento de las centrales de carbón, a través de un nuevo mercado de restricciones técnicas por garantías de suministro gestionado por REE, supondrá "una reducción de la producción previsible con ciclos combinados de 11.200 GWh; la cantidad de mineral a quemar, 27.200 GWh, es superior en unos 10.000 MW a los volúmenes exigidos por el Plan Nacional de Reservas estratégicas de Carbón 2006-2012. La norma a aprobar "hace recaer todo el esfuerzo en el sector eléctrico y ninguno sobre la minería, ya que no impone ninguna limitación a la extracción de carbón". En todo caso y lamentablemente para los intereses nacionales, la defensa de este mineral no se sostiene por cuanto se garantiza con generación térmica en general, que incluye también el gas; además, el parqué del carbón no corre riesgos de cierre, por cuanto se han realizado inversiones para su adaptación medioambiental. En este contexto, el Gobierno a finales de año tiene que revisar la prima a las renovables y dar las ayudas para salvar el carbón. Ello conducirá a "una fuerte intervención en el mercado", intervención que se predica mal con las corrientes competenciales seguidas por la Comisión Europea y por nuestra Comisión Nacional de la Competencia en orden a mirar con lupa las ayudas públicas, subvenciones o como quiera que éstas puedan denominarse. Al parecer, la normativa en estudio establecería que "las centrales que casen en el mercado y resulten expulsadas tras el acomodo del carbón cobren el lucro cesante". Lo que llevaría aparejada, además, una discriminación entre empresas perceptoras y no perceptoras. 3) Las medidas medioambientales. En cuanto al cambio climático, la Agencia Internacional de la Energía recrimina al Reino de España porque las ayudas al carbón caminan en la dirección contraria a la solución del cambio climático. Dar ayudas al carbón en un país de la OCDE puede llevar a distorsiones en el mercado y aumentar las emisiones de CO2, que va contra Kioto y la UE. Hace tan sólo unos días, desayunábamos con la noticia de que, en la Cumbre España-Polonia, hemos comprado a esta última emisiones de CO2 por valor de 20 millones de euros. Esta noticia deberá ser confirmada, pero en todo caso es sintomática. Para concluir, si en palabras de la secretaria del Cambio Climático, Teresa Ribero, estamos en presencia de un pacto social toda vez que el sector minero pide que se cumpla el Plan 2004, no parece que la norma legal propuesta "resuelva los serios problemas estructurales del sector", "ni palie el siempre controvertido tema de las ayudas públicas", "ni transmita la necesidad de la discriminación de una parte del sector frente al otro", "ni se haga entender como siendo los defensores y adalides del cambio climático, en otro orden de cosas vamos a liberar CO2 en cantidades superiores al resto de los miembros de la UE". La crisis económica y la fuerte caída de la demanda energética está haciendo tambalear los cimientos del sector energético: el boom de las renovables está provocando que los ciclos combinados (gas) hayan perdido cualquier atractivo inversor (su factor de carga se ha reducido al 42 por ciento); y que las ayudas al carbón nacional, en caso de aprobarse la norma, nos llevarían a un incremento significativo en el recibo a pagar por los consumidores. ¿Modificaría esto la reducción del déficit tarifario? Me temo que no.