La escasez de vivienda en alquiler y el exceso de pisos vacíos ha provocado un torrente de propuestas, por parte de las diferentes administraciones, para tratar de atajar el problema. En esta línea, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, anunciaba, hace un par de días, la intención del actual Ejecutivo de que el próximo Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 se centre básicamente en el alquiler. Así, según apuntó, su intención es que desaparezca paulatinamente la vivienda protegida (VPO) en propiedad y aumenten las protegidas en alquiler. Un anuncio que supone otra vuelta de tuerca más. A lo largo de esta legislatura, hasta en tres ocasiones el actual Ejecutivo ha variado su tesis en esta materia. Ahora, Trujillo anuncia, como novedad, una vieja fórmula muy conocida fuera de nuestro país. De hecho, tras la Segunda Guerra Mundial, algunas naciones apostaron por programas de protección oficial en alquiler como mecanismo para que las rentas más bajas pudieran acceder a la vivienda. Años más tarde, y ante el fracaso de la medida, que había incrementado la marginalidad y la pobreza de esos barrios, iniciaron un proceso de privatización. Así, entre los años 1979 y 1992, el Reino Unido ponía a la venta 800.000 viviendas de este tipo. Atajar los desequilibrios del mercado inmobiliario, marginando el derecho a la propiedad privada, es un error. El Ejecutivo debería apostar por incrementar la seguridad de los propietarios, abandonando cualquier tendencia a la penalización. No se trata de abordar nuevos instrumentos de dudosa efectividad, sino de validar los existentes. Y, aún más importante, los españoles deberíamos poder saber qué principios rigen la actual política económica.