Sólo hay que acudir a los manuales más básicos de Derecho Administrativo para darse cuenta de que el problema legal de la corrupción urbanísticas está identificado desde hace mucho tiempo: no es más que utilizar las normas en materia de suelo por parte de los ayuntamientos para lo que no fueron creadas. Es decir, crear planes de desarrollo o modificaciones parciales de los proyectos, para cambiar lo que previamente se había aprobado en pleno como plan general. Si esa triquiñuela básica se aplica a un negocio basado en la especulación y en el que cada día se manejan grandes cantidades de dinero, está servida la oportunidad (para quienes firman los papeles sin respetar en su esencia el ordenamiento administrativo) de meterse un piquito en el bolsillo.Municipalistas, fiscales, notarios, catedráticos, registradores y demás protagonistas de la película, preocupados por las dimensiones que cada día alcanza el desfalco, aseguran que lo mejor es la transparencia: poner en conocimiento de todo el mundo cada paso que se da en los proyectos de los ayuntamientos. Que todos puedan opinar, recurrir, impugnar y hasta denunciar lo que vea mal. Es una de las opciones que manejan los que quieren cambiar las normas locales al respecto. Y puede no estar mal, pero es sólo una parte de lo que hay que hacer, si es que estamos a tiempo. La otra opción, propugnada del lado socialista, es hacer que los gobiernos autonómicos estrechen el control sobre la política territorial que ejecutan los ayuntamientos. Es decir, que la solución pasa por más transparencia, más información y mejores controles. Y ahí está lo grave, que no es nada nuevo, es lo que dicen los manuales de Administrativo desde hace décadas. Basta con cumplir la ley para atajar la corrupción. Que las reglas se respeten, que los concejales y alcaldes corruptos vayan a la cárcel y pierdan su patrimonio acumulado. Puede que así, dentro de varias décadas, podamos volver a fiarnos de los ediles a los que votamos.