La decisión del Gobierno de aprobar ayer en Consejo de Ministros el informe sobre la regulación de las sociedades de bienes tangibles es una declaración de intenciones que, por el momento, no pasa de eso. A partir de enero, el Ejecutivo pretende iniciar la tramitación parlamentaria de la ley que protegerá a los inversores frente a situaciones como las acontecidas este año en Fórum y Afinsa o Arte y Naturaleza. La medida obligará a formalizar el contrato mediante escritura publica ante notario o suscribir un seguro de caución, aval bancario o cualquier garantía que asegure al consumidor el precio de adquisición inicial. Además, deberá quedar claro que la naturaleza de estos bienes no es financiera y evitar así expresiones como inversión, ahorro, rentabilidad, etc. Pero, aunque la información que ha trascendido es todavía escasa, la regulación no parece atajar de raíz el problema que plantean estas actividades. La clave se encuentra en la calificación de este tipo de entidades como mercantiles y no financieras. Esta última categoría obligaría a someterlas a la supervisión del Banco de España. De momento, su control, inspección y sanción quedarán en manos de Consumo y transferido, por tanto, a las Comunidades Autónomas. Someter al entramado de regulaciones autonómicas un tipo de actividad inversora cuyo alcance, por su propia naturaleza financiera, va más allá de la propia estructura de la cartera de Consumo, no arregla nada. Debemos felicitarnos por la decisión del Gobierno de subsanar un vacío legal pero, también, debemos recordarle que, con Fórum y Afinsa, la intervención judicial se realizó a instancias del carácter financiero que la Agencia Tributaria les otorgó.