El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de ley sobre el Estatuto del Trabajo Autónomo. Ha sido un trabajo titánico, ya que estaba previsto en el Estatuto de los Trabajadores que se aprobó hace más de 25 años. El texto cuenta con el beneplácito de todo el mundo: partidos, sindicatos y las propias organizaciones de autónomos. Sólo por eso, ya merece ser bien recibido. Es una norma importante porque afecta a más de tres millones de trabajadores -que acceden a algún tipo de protección social-, es de aplicación directa a dos millones e introduce la figura del trabajador autonómo dependiente -el que dedica más del 75 por ciento de su tiempo a una sola empresa-, situación en la que están alrededor de 300.000 personas. Un grupo de trabajadores tan abultado y con una relación laboral tan especial merecía tener un catálogo de derechos y deberes específico, al menos una parte de las ventajas sociales de cualquier empleado y, en general, un marco legal más claro. Todo eso está en el proyecto. La ventaja de contar con estas mejoras es que el trabajador y el empleador disfrutarán de una relación más estable y segura. Hasta ahora, no era infrecuente el fraude del autónomo que servía a una empresa con las mismas reglas y las mismas horas que cualquier otro trabajador por cuenta ajena, pero más barato, sin contrato y sin derechos. Eso se acabó. Por su parte, el empresario no perderá flexibilidad al hacer contrataciones, porque podrá seguir utilizando servicios externos sin tener que aumentar los costes laborales. Al proyecto le falta perfilar asuntos como la jubilación anticipada o la responsabilidad patrimonial del autónomo, pero el balance es positivo.