V ivimos desde hace ya muchas semanas bajo la guadaña de la pandemia del coronavirus. Diezma a miles de personas, enferma a decenas de miles y somete a todos al dolor y a la desesperanza. Vaya para todas las víctimas y enfermos nuestro dolor y nuestro afecto. Y además amenaza a millones con el paro, la penuria y la pobreza. A éstos hay que buscar y ofrecer una solución. Trataré de colaborar en algo con estas líneas. El FMI nos acaba de confirmar (14 de abril pasado) que la economía mundial enfila otra Gran Depresión y pronostica para España una caída del PIB del 8% en 2020 y un crecimiento del paro que superará el 20% junto a una recuperación en 2021 más lenta que nuestro entorno europeo. Otros pensamos que estos datos son incluso optimistas. Los sectores más afectados son, por ahora, turismo, hostelería, comercio, automóvil y construcción. Muchos analistas creen, como el FMI, que esto es comparable con aquella Gran Depresión, con fuertes caídas del PIB y del empleo, grave endeudamiento, aumento del déficit… y una muy lenta recuperación, dado un doble shock: la paralización de la oferta productiva en algunos sectores y una reducción de la demanda por la caída de las rentas disponibles y el consumo. No hemos conocido nada semejante. Y no me cabe duda de que tras la pandemia vendrá una nueva economía que está naciendo, muy diferente. Pero hay que soldar la economía que se nos va con la desconocida que nos llega. Se invoca como solución el acuerdo sobre unos nuevos Pactos de la Moncloa, como los de 1977, que bien conocí y trabajé, pues a la sazón era Adjunto al vicepresidente 3º del Gobierno, Fernando Abril, en Castellana 3, cuyo papel mediador fue crucial, aunque el protagonismo fuera del vicepresidente 2º, Enrique Fuentes Quintana, y su equipo (Manuel Lagares, José Luis Leal, etc.). Allí se aprobaron y firmaron los Criterios Previos (9 de octubre) -hoy inexistentes- y el Documento Integro, aprobado por el Congreso (27 de octubre). Hubo consenso en los fines y en los medios. En su epígrafe I Política de Saneamiento Económico, parte A Presupuestos del Estado y de la Seguridad Social, punto 1º, se lee "Limitación y ejemplaridad de los gastos consuntivos del Estado y de la Seguridad Social… se revisarán todos aquellos gastos estatales cuya existencia no se justifique de modo estricto en línea con el esfuerzo general que se solicita de la comunidad". Y en su punto 2º se dice: "Durante 1978 se orientarán preferentemente los gastos públicos hacia el mantenimiento de la ocupación. A este respecto se incrementarán los gastos estatales de inversión en un 30%..." . Se vincula inversión pública, ocupación y empleo. El Senado ratificó tales acuerdos tan solo catorce días después. Así pues, si queremos sacar de aquellos Pactos, tan venerados ahora, alguna conclusión a los efectos de nuestra actual situación económica, más grave que la de entonces, y el futuro del empleo, el Gobierno debería: 1) ser ejemplar en los gastos consuntivos del Estado -incluidas autonomías, todas- de modo estricto y 2) incrementar los gastos de inversión en un 30%, al menos. ¿Puede hacerlo ? Sí, sin duda. Basta voluntad para ello. Y muchos grupos de las dos Cámara lo aprobarían… no todos. A aquellos Pactos le siguieron múltiples Decretos Leyes de aprobación de créditos extraordinarios para inversiones de los ministerios de Fomento y de Agricultura, en obras de infraestructuras terrestres e hidráulicas y obras en regadíos (Iryda), respectivamente. Obras que se licitaron y ejecutaron en tiempo récord. La construcción creaba empleo.Hoy, la situación tiene múltiples puntos de coincidencia. Terminar con el desempleo creciente fruto del coronavirus y la paralización de sectores completos requiere de políticas decididas de empleo y entre ellas destaca la obra civil. No es de extrañar que en el duro manifiesto que la Industria española acaba de emitir (15 de abril), haya presentado un plan de choque cuyo primer punto dice así "impulsar la inversión pública en infraestructuras, vivienda pública y rehabilitación". Es la Industria quien pide esto, no el propio sector. Actualmente, la actividad del sector construcción se reanudó el pasado 13 de abril, con no pocos problemas, pero con un apetito total hacia su normal desenvolvimiento, por lo que supone en términos de empleo y rentas. Desde ANCI enviamos (4 de abril) una propuesta de soluciones inmediatas para todo género de empresas y otras que exigían acelerar las licitaciones de obra, pues hay crédito suficiente y consignado, e incrementar ahora y en presupuestos próximos o créditos extraordinarios el gasto para inversiones. Todas formulas conformes a "causa de fuerza mayor" según lo indicado por la patronal europea FIEC. Es la única solución para mantener las empresas en funcionamiento. Si no se ponen los medios para que las empresas del sector puedan mantener sus flujos de caja, muchas solo podrán defenderse mediante concurso, abocadas en muchos casos a la liquidación.Pero la nota del FMI comenzaba aludiendo a la Gran Depresión. Algunos hemos estudiado aquella época desde hace años y publicado diversos trabajos sobre la cuestión. Permítanme alguna nota al respecto, aunque reitere lo ya expuesto en otras tribunas. Hay que volver al New Deal de Roosevelt, que con su amplio programa de inversiones públicas logró cambiar el sentido de la crisis. Entonces se financiaron obras por un valor de 3.300 millones de dólares (equivalentes hoy a más de 50.000 millones de dólares), así como la creación de la Public Works Administration, por medio de la cual se realizó una inversión, hasta su desaparición en 1942, de 1.000.000 km de carreteras, 120.000 edificios públicos, 77.000 puentes, 285 aeropuertos, etc., consiguiendo absorber un tercio de los desempleados de la época. Ahora bien, no se trata de generar empleo sin atender a otras consideraciones, sino de elevar la competitividad de España mediante inversiones productivas perfectamente identificadas (desde la conservación de carreteras hasta el ciclo integral del agua, cuyo déficit inversor merece multas de la UE). Nuestro país cuenta con un déficit acumulado en infraestructuras de más de cien mil millones de euros. Por eso, un ambicioso programa inversor ante esta crisis cobra más relevancia que nunca.Estamos pues ante un momento crucial. En la crisis de 2008 -con la que ésta no es comparable ni en cuanto a causa ni en cuanto a intensidad, pero sí en sus consecuencias-, el profesor Barea Tejeiro, con su gran autoridad académica y su notoria experiencia en materia presupuestaria, lo sentenció en su artículo La obra civil en caída libre (6/8/2010): "No tiene… justificación la medida del recorte de gasto en construcción de obra para reducir el déficit público" y apeló a la reducción del gasto no productivo basándose en la gran influencia del gasto en infraestructuras sobre la productividad (Aschauer-1989 y Mas y Maudos-2004).Por otra parte, la política de obra civil, es, todo el mundo lo sabe, contracíclica. Así lo entendieron en la crisis de 2008, Paul Krugman, premio Nobel de Economía: "Los tradicionales programas del estilo PWA -invertir en carreteras, edificios públicos, puertos y otras infraestructuras- son una herramienta muy efectiva para crear empleo"; Bert Rürup, presidente del Consejo Económico asesor de Merkel (los cinco sabios): "Las medidas (obra civil) no impedirán (la crisis), pero mitigarán la recesión"; Sarkozy: "Las inversiones son caras… pero cuesta más pagar seguros de desempleo cuando se pierden puestos de trabajo"; Barak Obama: "Crearemos millones de puestos de empleo haciendo la mayor inversión en nuestras infraestructuras desde la creación del sistema federal de autopistas en los 50", etc. Y es que las inversiones públicas en infraestructuras generan importantes efectos económicos que dinamizan la economía, suponen una mejora de la productividad y reducen los costes en el sector privado. Es decir ayudan al crecimiento sostenido de la economía. Y en momentos de crisis, sirven como elemento de estabilización contracíclica, gracias a los siguientes efectos: a) Creación de empleo, estimándose que un incremento sostenido de la inversión anual en construcción del 1% sobre el PIB genera aproximadamente 100.000 puestos de empleo directos y 80.000 indirectos, b) Incremento de la producción que conlleva un aumento de la renta y la creación de puestos de empleo inducidos. Ergo, mejora del consumo, c) Aumento de los ingresos fiscales procedentes de los impuestos que gravan las rentas generadas y su gasto y d) Mejora de la competitividad del país.Por ello, desde ANCI proponemos que el Gobierno acelere sus licitaciones de obra, aumente sus presupuestos con este fin y exija a la UE la creación de un gran Fondo de Reestructuración Social y Territorial (o de Regeneración Económica) para que éste lleve adelante un gran programa de obra civil (modelo New Deal), descontando ese gasto, nacional o comunitario, del cómputo del déficit, como ya propusimos hace años.