Interior insta a las comunidades autónomas a acelerar la aplicación de multas por violar el confinamiento. Ese rigor choca con las lógicas cautelas de los Gobiernos regionales. La legalidad de estas sanciones no siempre está clara, ya que el castigo por desobediencia exigen que al infractor se le dé un aviso previo, lo que no ocurre en muchos casos. Llama la atención, además, la muy alta cuantía de las multas. Sin duda, es necesario velar por el cumplimiento de la cuarentena. Con todo, el Ejecutivo aplica un injusto doble rasero sobre el ciudadano en esta crisis. La dureza con la que se le exige atender sus obligaciones contrasta con el desamparo en que Consumo le deja, cuando pretende ejercer un derecho legítimo, como reclamar por servicios no prestados.