Hay un montón de ayuntamientos de toda España que no rinden cuentas a nadie aunque tengan la obligación de hacerlo. Con la corrupción urbanística en plena efervescencia y los ediles entrando en los juzgados o en las cárceles día tras día, se trata de una mala noticia. ¿De dónde sacan el dinero los municipios? ¿En qué se lo gastan? ¿Funcionan correctamente sus finanzas? Sin las cuentas claras, no es posible contestar a estas preguntas ni que los ciudadanos controlen a quienes manejan el dinero de todos. Es cierto que muchos de los más de 8.000 alcaldes españoles no presentan las cuentas por motivos diferentes al de ocultar fuentes de ingresos de dudosa procedencia. Hay muchísimos municipios pequeños que no tienen conocimientos técnicos o medios suficientes para rellenar sus cuentas. Que se han quedado sin interventor que lo haga o, simplemente, que no disponen de tanto tiempo para dedicar a la gestión municipal. Pero la obligación de contar cómo se consigue el dinero y en qué se gasta debe alcanzar cuanto antes a todos los municipios, comenzando por los que más habitantes tienen en su zona o los que más volumen presupuestario manejan. En este terreno, quienes deben asumir el reto son los tribunales de cuentas -el estatal y los autonómicos- y las autonomías respectivas. Con el doble objetivo de extender el principio de eficiencia en la financiación municipal y de implantar la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Es obvio que, si algunas de estas administraciones hubieran actuado con más diligencia, se habrían detectado mucho antes los recientes casos de corrupción urbanística. Los tribunales de cuentas no están para perseguir a los alcaldes, sino para conocer sus problemas y ayudarles a resolverlos. Los alcaldes deben rendir cuentas.