Ha vuelto a pasar. Una vez más un órgano del Estado de carácter eminentemente técnico ha sido atacado por una enfermedad propia de la política española: el partidismo, es decir, darle a dicha institución un marcado sesgo político. En este caso, se trata del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), un órgano de supervisión que vigila todas la centrales nucleares y los depósitos radiactivos del país. La presidenta, María Teresa Estevan Boleo, nombrada por el PP en su día, cumplió hace poco los 70 años y se jubila de un cargo cuyo mandato suele abarcar unos 8 años. A la espera de que el actual Gobierno designe a otra persona, el vicepresidente del CSN, José Ángel Azuara, que había sido nombrado por el PSOE, asumió el puesto de manera interina. O sea, que Azuara ni siquiera es el titular de derecho del cargo, pero ya ha tomado una decisión como si lo fuera: ha despedido a los asesores del gabinete de la presidenta. Este movimiento se interpreta como una estrategia del PSOE para hacerse con el control del órgano supervisor, sin necesidad de negociar los cargos con la oposición. El actual Gobierno ya ha interferido en la marcha de otros dos órganos, como son los casos de la Comisión Nacional de la Energía, donde el Ejecutivo ha hecho y deshecho según le convenía respecto a la opa de Endesa. Y en la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, cuya cúpula fue obligada a emigrar a Barcelona para satisfacer un acuerdo con los nacionalistas catalanes.Urge un pacto de Estado que dé independencia a las instituciones que garantizan el buen funcionamiento del mercado español. Es importante que las decisiones se tomen ilustradas por asesoramientos exclusivamente técnicos. Por eso, hay que preservarlas. Al César lo que es del César... y a los técnicos, la independencia.