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Rajoy, en su semana más dura, da la última vuelta de tuerca al ajuste que vigila Europa

  • El Gobierno se resigna al ajuste ante la pérdida de su autonomía gestora


El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comienza hoy la que será sin duda su semana más decisiva de cara a Europa y los mercados. Una semana que culminará con un paquete de medidas "duras y difíciles", como las definió recientemente el propio Rajoy, al asumir que habría de aplicar cuanto antes las recomendaciones de la Comisión Europea, entre las que se cuentan nuevos recortes y exacciones al bolsillo de los ciudadanos.

Todo para desplegar ante Bruselas una batería de iniciativas que hagan creíble, a los ojos europeos, el cumplimiento de la meta del 5,3% de déficit este año y la senda de consolidación presupuestaria hasta 2014. También para ofrecer la imagen de un Gobierno que se aviene a los designios comunitarios tras haber sido liberada una línea de crédito para sanear la banca española. En definitiva, la constatación de que Rajoy no es autónomo en sus decisiones sobre España, y ha de asumir las recomendaciones europeas como órdenes.

Hoy lunes, el Eurogrupo se reúne en Bruselas con las condiciones del rescate bancario a España sobre la mesa. También se decidirá el nuevo reparto de puestos en el Banco Central Europeo, que se puede saldar con la pérdida de la silla española en el consejo.

Anuncios ante el Congreso

El miércoles, Rajoy dará la cara en el Congreso para explicar, principalmente, los resultados del reciente Consejo Europeo, en el que se cerraron las bases para una recapitalización directa de la banca, no sin zozobras como las amenazas de bloqueo por parte de Finlandia y Holanda, sin capacidad efectiva de veto por su peso en los votos. No sólo eso, el Hemiciclo escuchará el miércoles las líneas generales del nuevo macroajuste del Ejecutivo popular y los nuevos tiempos de su hoja de ruta reformista. Ya lo adelantó el presidente: "Toca pisar el acelerador".

Al día siguiente, el jueves, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con varias semanas de retraso sobre las fechas marcadas en la anterior cumbre autonómica. El espíritu de la reunión será marcar a las CCAA un acelerón en sus ajustes, para forzar a que embriden sus cuentas con mayor celeridad hasta un saldo negativo máximo del 1,5% del PIB.

Pero será el viernes cuando el Consejo de Ministros más decisivo de la era Rajoy detalle todas las medidas que van a adoptarse para no perder el crédito ante Europa y los mercados y evitar una intervención visible de la economía española. En esa reunión del Gabinete, se darán a conocer los extremos y la letra pequeña de lo adelantado por Rajoy dos días antes, en el Parlamento.

Conformarán el nuevo paquete medidas y ajustes de distinto cuño. Por un lado, la reforma de la Administración Local, para limpiar de competencias impropias a sus entes, buscando la eficiencia económica. Además, esta reforma reforzará las Diputaciones Provinciales, que prestarán servicios hasta ahora atribuidos a pequeños ayuntamientos. La reforma de la Ley de Haciendas Locales que prepara el Ejecutivo es un instrumento clave para reducir las ineficiencias de esta capa administrativa. Se prevé que el Gobierno anuncie un plan de ahorro de la Administración, previo y coherente con la reforma.

También prevé el Gobierno dar luz verde a un mecanismo que rebaje la inflación normativa, la multiplicación de ventanillas, la proliferación de formularios, la desmesura reglamentística o el ensimismamiento competencial, indicó Rajoy el sábado en el Campus Faes.

Se espera también una redefinición de la Ley de Dependencia, en orden a asegurar su viabilidad a través de una nueva ordenación del sistema.

Y pronto habrá medidas que reformen la prestación por desempleo, que aceleren el retraso de la edad de jubilación o la introducción del factor de sostenibilidad, así como un plan de privatizaciones, entre otras actuaciones.

Más 'mordiscos' al bolsillo

Pero es en materia de ajustes dondo el Gobierno se juega el cumplimiento del déficit fijado por Bruselas. Los últimos datos de ejecución prespuestaria del Estado no fueron halagüeños, pese a que están distorsionados por el esfuerzo extra de transferencias a la Seguridad Social y CCAA. Pero el déficit del Estado alcanzó en mayo el 3,4% frente al tope del 3,5% para todo el año. Y aunque se aísle de esos adelantos inyectados a autonomías y Seguridad Social, no va mejor que un año antes, cuando se llegó al 8,9%. Es difícil explicar a los mercados que la comparación interanual no es homogénea. Máxime cuando se temen desvíos autonómicos y se da por hecho un desajuste en Seguridad Social no inferior al 0,6% del PIB.

Así que el Gobierno habrá de desvelar el viernes sus propósitos de la enmienda en gastos e ingresos. Por lo pronto, con el techo de gasto para 2013, que dará una idea del nivel de esfuerzo que planea para los próximos Presupuestos, dentro del compromiso de brindar un plan económico financiero bianual 2013-2014.

Se plantea además un ajuste extra a los Presupuestos de 2012. Con poco más de una semana de vida, sufrirán una vuelta de tuerca. Se estudia en firme y con adelanto frente al calendario previsto, alzas en los impuestos indirectos, desde el IVA al céntimo verde sobre los carburantes, pasando por los Impuestos Especiales. Todo ello, en el marco de una reducción prevista en la plantilla pública que comenzaría por el personal laboral y que podría afectar a 300.000 trabajadores.

Se trata de brindar a Europa la imagen de que España regresa a la fiebre reformista y endurece la lucha antidéficit tras recibir ayuda para reflotar su banca.