Bruselas refuerza sus normas sobre protección y derechos de los consumidores

Bajo el nombre "Nuevo acuerdo para los consumidores", la normativa planteada hoy por Bruselas sustituye a la que ha regido los derechos de los consumidores hasta ahora con novedades como la posibilidad de que una entidad cualificada, como una organización de consumidores o una entidad pública, encabece una acción colectiva en nombre de un grupo para reclamar una compensación económica.

Estas "entidades cualificadas" deben ser seleccionadas por los Estados miembros y cumplir una serie de criterios para asegurar, por ejemplo, que se trata de una organización sin ánimo de lucro.

Con ello se busca evitar litigaciones abusivas en las que una compañía o un fondo de cobertura se queda un porcentaje de la compensación que corresponde al consumidor.

"Hemos sido muy cuidadosos para evitar lo que tienen en Estados Unidos", subrayó en este sentido la comisaria europea de Justicia y Derechos de los Consumidores, Vera Jourová, que incidió en rueda de prensa en que se han establecido salvaguardas para evitar que se abuse de la búsqueda de compensaciones económicas.

La posibilidad de llevar ante los tribunales acciones colectivas ya existe en algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE), con lo que esta propuesta extendería esta capacidad a nivel europeo e incluso en términos transfronterizos, pero siempre después de que un juez o una autoridad nacional hayan determinado que ha habido una infracción por parte de la empresa.

La Comisión confía en que esta nueva legislación evite que, tras casos como el fraude de manipulación de los motores diésel de Volkswagen, los consumidores europeos se encuentren con dificultades para reclamar una compensación económica por publicidad engañosa.

En cuanto a los derechos de los consumidores en línea, la nueva directiva propone una mayor transparencia sobre si se están adquiriendo productos o servicios por parte de un comercio o de un particular, como puede suceder en plataformas como Airbnb o Ebay.

Además, extiende las dos semanas disponibles para cancelar el contrato de uso de un producto a aquellos en los que los usuarios "pagan con sus datos" pero no con dinero real, como las redes sociales o los servicios de almacenamiento en la nube, una posibilidad que hasta ahora solo existía con los servicios digitales de pago.

La directiva incluye también el establecimiento de sanciones a nivel europeo para casos en los que el daño en los consumidores se extiende en varios Estados miembros, como el caso de Volkswagen o la cancelación masiva de vuelos por parte de Ryanair.

"En la actualidad, el nivel de las sanciones varía mucho dependiendo del Estado miembro y es a menudo demasiado bajo para tener un efecto disuasorio, particularmente para las empresas que actúan de forma transfronteriza y a gran escala", explica la Comisión.

Con la nueva propuesta, las infracciones que afecten a consumidores de varios países podrán sancionarse con hasta un 4 % de la facturación anual de la empresa en cada país, si bien a título individual cada socio podrá establecer máximos más elevados para sus multas a nivel nacional.

Otras novedades incluidas en la propuesta buscan abordar la cualidad dual de los productos en diferentes países, un problema particularmente agudizado en el este de la UE, y también garantizar una mayor protección a las compañías en cuanto a, por ejemplo, las políticas de devoluciones.

La propuesta pasará ahora a ser debatida por los eurodiputados y abordada en el Consejo (países de la UE), si bien una fuente comunitaria conocedora de la directiva confía en que esta prosperará rápidamente en el proceso legislativo europeo porque "está bien preparada".

En un comunicado, el Partido Popular Europeo consideró positiva la propuesta pero advirtió de que las demandas colectivas "no aumentan necesariamente el nivel de protección de los consumidores" y que deben hacerse de forma correcta para asegurar que cada persona consigue la compensación.

Por su parte, el grupo de Los Verdes en la Eurocámara pidió en un comunicado a través de su vicepresidente Pascal Durand que el alcance de la directiva llegue a cubrir las prácticas ilegales de las compañías que tienen un impacto en el medioambiente, la salud pública o los derechos de los trabajadores.